Columnas: Fepamco también apeló la medida confiscatoria

Sumamente preocupada por el carácter expropiatorio de la resolución 32/12 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, la Federación Pampeana de Cooperativas ya presentó un recurso jerárquico para revertir esa reglamentación agotar todas las instancias administrativas.
Aún cuando alienta la esperanza de solucionar el diferendo en esta etapa, dirigentes y asesores legales anticipan que el conflicto desembocará en la Justicia ordinaria.

"Tenemos conocimiento que muchas cooperativas van a efectuar sus propias presentaciones, porque nos han llamado para consultar", comentó ayer el presidente de la Fepamco, Abel Argüello, al trazar un panorama sobre la gravedad del tema y la preocupación que ha generado entre las entidades eléctricas pampeanas. "Algunas cooperativas van a hacer el planteo a través nuestro, pero otras lo van a hacer por si mismas", anticipó. Si bien no dio un número de potenciales presentaciones, Argüello señaló que habrá "varias más" respecto a los que ya hicieron la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), la Corpico de General Pico y la propia Fepamco.

En el caso de la CPE y Corpico, formularon recursos de reconsideración ante el Ministerio de Obras Públicas, con un recurso jerárquico en forma subsidiaria. La Fepamco apuntó directamente al nivel superior y presentó el recurso jerárquico ante el gobernador Oscar Jorge. "Vamos a tratar que el gobernador revea esta resolución", bregó Argüello.

Antecedente.

El conflicto que ha sumido a las entidades solidarias en un cono de preocupación es la resolución 32/12 del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, una resolución que con el supuesto objeto de regular la utilización de las columnas eléctricas para servicios complementarios como internet, telefonía y televisión, termina por apropiarse de esos elementos. El argumento del ministro Jorge Varela, firmante de la resolución, es que las columnas se utilizan para prestar un servicio público -la distribución de energía- que originalmente es potestad del Estado pampeano.

"Este es un tema antiguo, que ya se discutió en un ámbito particular que fue la Municipalidad de Santa Rosa y la Cooperativa Popular de Electricidad", recordó Argüello remitiéndose al antecedente de hace una década y media atrás, cuando Oscar Jorge era intendente y Jorge Varela secretario de Obras Públicas. En ese momento, Jorge y Varela pretendieron quedarse con las columnas fundándose en que estaban instaladas en las veredas de la ciudad, un espacio que pertenece a la órbita comunal.

Ahora que Jorge y Varela se desempeñan como gobernador y ministro, respectivamente, "el tema se provincializa" ya que sus accciones exceden el ámbito municipal.

Reuniones.

Argüello reveló que desde que se conoció la resolución 32/12 del MOSP ya se han concretado "varias reuniones con asesores de las cooperativas" que están nucleadas en la Federación. Esas reuniones dejaron en claro, por si era necesario, "que el hecho de que estas columnas estén afectadas a un servicio público, no implica que la propia de las mismas sea del Estado". Las columnas "pertenecen a los asociados y forman parte del patrimonio de cada cooperativa. De hecho -recordó Argüello- cada vez que se cierra un balance, entre los activos de una cooperativa se mencionan las columnas".

"Tenemos conocimiento que muchas cooperativas van a efectuar sus propias presentaciones porque nos han estado llamando para consultar. Y otras van a hacerlo a través nuestro, de la Federación. Verdaderamente es una preocupación generalizada", sostuvo.

"Para los consejeros -comentó- leer una resolución que dice que las columnas son patrimonio de la provincia... es algo que ninguno lo va a dejar pasar. Ninguno se va a quedar en silencio ante semejante cosa, porque el que calla otorga. Ellos son responsables del patrimonio de su cooperativa y tienen que rendir cuenta a los asociados".

En este momento, todavía rigen los plazos para objetar la resolución en los ámbitos administrativos. Cuando se agoten esos plazos y si las respuestas fueran negativas, las cooperativas y su Federación ya tienen prácticamente decidido llevar el tema a la órbita judicial. "Confiamos en que el gobernador analice argumentos jurídicos, sino se analizará recurrir a la vía judicial. Esperemos que no tengamos llegar a eso, que se encuentre un remedio administrativo en esta vía".

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