En momentos en que se discute en el Parlamento colombiano un eventual plan de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Argentina quedó en el centro de la escena internacional por un supuesto atentado contra el ex presidente de ese país Alvaro Uribe, que participó de un simposio de liderazgo el miércoles en el teatro Gran Rex. Sin embargo, en Colombia desconfían que la guerrilla colombiana –que no se adjudicó la autoría del ataque–, esté detrás de una bomba de estruendo, que el juez federal Norberto Oyarbide calificó en un primer momento como un “aparato simple, pero con el poder suficiente para producir la muerte de personas que estuvieran muy próximas”.

Distintos analistas colombianos dudan sobre la responsabilidad de las FARC en el supuesto atentado contra Uribe. En diálogo con PERFIL, Alonso Tobón, investigador en el área de análisis de conflicto y violencia política en el CERAC, un centro de estudios que analiza a las FARC, consideró que lo que sucedió en el Gran Rex no está vinculado con el método que utiliza la agrupación guerrillera. “No es común que busquen sabotear un evento sin causar daño. Lo curioso del caso de Buenos Aires es que fue una bomba diseñada para causar sólo conmoción. Las FARC en Colombia utilizan bombas que buscan hacer el mayor daño posible a civiles y militares”, explicó el especialista, al tiempo que informó que la guerrilla fabrica sus bombas artesanalmente y que los explosivos que prefieren son el C4 y el nitrato de amonio.

Por el contrario, las declaraciones públicas de Oyarbide apuntaron, en primer lugar, a trotyl, un explosivo muy destructivo que se utiliza en demoliciones. En tanto, la Policía Federal Argentina informó que se trató de una bomba de estruendo, conectada a un teléfono celular que accionaría el artefacto a control remoto. Ninguno de los dos dispositivos se corresponden con los utilizados por las FARC en su país.

El episodio en el Gran Rex sucedió cuando en Colombia se busca una salida política al conflicto con la guerrilla. Mientras el Congreso discute una enmienda constitucional llamada “marco legal para la paz”, que otorgará discrecionalidad al presidente Juan Manuel Santos para avanzar en procesos de paz que apuntan a la desmovilización de la guerrilla y los paramilitares, la violencia volvió a las calles de Bogotá.

Hace una semana atentaron contra el ex ministro de Interior y Justicia de Uribe, Fernando Londoño, en un ataque que dejó dos muertos y cinco heridos. El uribismo apuntó contras las FARC pero la investigación aún no reveló los responsables y las autoridades detuvieron a un desmovilizado de la agrupación guerrillera.

Además, el lunes doce militares colombianos fueron asesinados en la frontera con Venezuela, presuntamente también por integrantes de las FARC. “No es una casualidad que estalle ahora la violencia. Estos ‘atentados’ favorecen a todos los que tienen intereses en la guerra y a las posiciones radicales de mano dura contra las FARC, que representa Uribe”, aseguró a PERFIL Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Mientras que el politólogo Hernando Llano rechaza que la guerrilla haya atentado esta semana en Buenos Aires. “Es inusual que operen de esta forma, ni siquiera en los momentos de mayor intensidad y confrontación contra Uribe, el Secretariado de las FARC lo declaró como un ‘objetivo militar’”, aseguró el docente de Ciencia Política en Cali.

Los organismos de derechos humanos se oponen a la iniciativa de Santos porque temen que garantice la impunidad y que no se impongan la verdad y la justicia, aunque también cuestionaron las críticas de Uribe. “Desde las posturas lideradas por el ex presidente, lo que se expresa es un rechazo a que en un mediano plazo se reconozca como actores políticos a los miembros de las FARC y se los rehabilite”, agregó Hernando Llano en relación con el diálogo abierto en Bogotá.

El marco legal para la paz enfrentó a Santos con su antecesor, que primero intentó bloquear el proyecto y luego incluir encomiendas en el Parlamento, aunque en ambas ocasiones no tuvo éxito. Sin embargo, no dejó de criticar en público a quien fue su ministro de Defensa. “Santos busca un acuerdo con las FARC a través de la dictadura de Chávez”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter. Y, además, apuntó contra el corazón de la iniciativa del primer mandatario: “El gobierno, con su arrogancia, ha impuesto un marco de impunidad”.

Aunque en su discurso en Buenos Aires no criticó a Santos, Uribe se encargó de volver a declararle la guerra a las FARC para mostrarse como el único líder que puede derrotarlas.

Los papelones de Oyarbide

El papelón internacional que vivió Argentina por el supuesto ataque al ex presidente colombiano Alvaro Uribe llegó a los diarios de todo el mundo. Horas después de que el juez federal Norberto Oyarbide anunciara, flanqueado por las marquesinas del teatro Gran Rex, que habían detectado en el segundo piso una bomba que podía matar a varias personas, la Policía Federal desautorizó al magistrado y sostuvo que el artefacto podía producir “un efecto leve”. La diferencia no fue menor: Oyarbide aseguraba que se trataba de trotyl y los uniformados hablaban sólo de una bomba de estruendo.

Si la información revelada por la Policía Federal, que depende de la ministra Nilda Garré, era cierta, se trataba de un intento de sabotaje a la conferencia de Uribe, y no de un atentado contra su persona. El desconcierto en Tribunales era tan grande el martes, que Oyarbide habría asegurado que habían impedido un atentado contra “un ex presidente de México”.

El escándalo desnudó problemas de comunicación entre el juzgado de Oyarbide y un sector de los uniformados. “Aquí hay cosas extrañas, hay gatos encerrados”, dijo el magistrado, que denunció que alguien quería “jugar al juez”, molesto por la pericia revelada por la Policía Federal. Otras de las dudas fue quien descubrió el artefacto ubicado en una garganta de luces, en el segundo piso del teatro. Según confirmó PERFIL, el hallazgo lo realizó un electricista de 23 años y no el empleado de limpieza Héctor Fernández, que se atribuyó el hecho ante la prensa.

Aunque la supuesta amenaza a Uribe sacudió esta semana a Buenos Aires, la investigación judicial encabezada por Oyarbide y la policía dejó más dudas que certezas.