El Colegio de Arquitectos de Salta hizo conocer sus objeciones a la anunciada modificación de un artículo de Código de Planeamiento Urbano por el que se busca exceptuar a los planes oficiales de viviendas, nacionales, ...
El Colegio de Arquitectos envió una extensa nota al Concejo Deliberante en la que propone evaluar y analizar exhaustivamente la temática generando un debate sobre el concepto de vivienda social, su implantación en las diferentes zonas de la ciudad y recomienda crear una comisión técnica multisectorial encargada de analizar el tema y elaborar un Código de Redes que formule un sistema de factible aplicación privilegiando el interés público y que a su vez no implique aumentos tarifarios exorbitantes a los vecinos de la ciudad de Salta.
El Instituto Provincial de la Vivienda, además de las empresas privadas de servicios, es uno de los organismos que impulsa esta excepción a la obligatoriedad de soterrar el cableado y argumenta para ello el gran costo adicional para las obras de viviendas sociales. Sobre un estimado de 1000 viviendas a construir, el cableado subterráneo implica hacer 200 viviendas menos.
Cabe recordar que el año pasado la Corte de Justicia de la Provincia rechazó una acción legal de la distribuidora Edesa para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 261 y 262 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental.
El primero de ellos establece que a partir de la puesta en vigencia del Código queda prohibida la ejecución de cualquier tipo de instalación aérea en el área Centro, incluyendo aquellas tareas de mantenimiento o mejora de instalaciones existentes que impliquen ampliaciones, remodelaciones , demoliciones, cambio de diseño o renovación masiva de materiales o elementos componentes.
El segundo artículo determina que el Ejecutivo municipal deberá establecer los mecanismos y acuerdos necesarios para que en el plazo máximo de 5 años a partir de la vigencia del Código se proceda a la canalización subterránea de las instalaciones existentes en el área Centro.
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