El Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) vuelve a la carga en sus constantes cuestionamientos para con las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo que inciden de manera directa sobre la judicatura local. En esta ocasión, la institución requirió al Gobierno provincial se abstenga de designar como Jueces de Paz a personas que no cumplan con los requisitos del Artículo 77 de la Ley Orgánica de Tribunales, en donde se resalta que para acceder a dicho cargo, los abogados postulantes deben tener como mínimo cinco años de ejercicio en la profesión.

De acuerdo a lo señalado por la Comisión Directiva del CAT, tal aspecto no es cumplimentado por el PE, lo que traería aparejado la nulidad de tal designación y consecuentemente de todas sus actuaciones jurisdiccionales.

Relacionado con ello, el órgano colegiado indicó que los actos incurridos resultan "contrarios a las leyes vigentes, generan inseguridad jurídica y pérdida de calidad institucional, vulneran el principio de especialidad necesario para el cumplimiento de funciones específicas, a más de ello afectan los derechos de los justiciables y vedan de manera injustificada el acceso a estos cargos a abogados que cuenten con los requisitos exigidos".

Al hacer mención que si bien es el Ejecutivo quien designa a estos magistrados, es la Corte Suprema de Justicia la que debe prestar su acuerdo para efectivizar dicha designación. Ante ello, el CAT consideró que "resulta inadmisible el incumplimiento injustificado de normativas vigentes por parte de nuestro máximo Tribunal de Justicia, sobre todo cuando se puede ver afectada la legitimidad de los actos de la propia administración de justicia".

Lo destacado, llevó además a la institución que nuclea a los letrados de la provincia a requerir a la Corte su abstención en convalidar la cobertura de cargos en los juzgados de Paz, si los postulados no cumplen con los requisitos determinados. Finalmente, el CAT solicitó que el acceso a la cobertura del cargo sea realizada mediante Concurso Público de Antecedentes y Oposición.