Esta postura es similar a la que tomó en su momento la defensora oficial 4, Natalia Buira, que realizó una serie de presentaciones en los ministerios de Trabajo, que se declaró incompetente, de Derecho Humanos y de Justicia, también por considerar que dicho accionar estaba contrario a lo dispuesto por la Constitución Nacional. De esta manera el Colegio de Abogados sostiene que "se ha producido precariedad, explotación y una grave discriminación laboral dentro del Ministerio Público, transgrediendo su obligación fundamental contenida en el Art. 166 de la Constitución Provincial, ya que es el encargado de realizar el contralor de la legalidad y de velar por el respeto de los derechos humanos". En el comunicado remarcan que "nos encontramos ante una situación de muy grave afectación a la dignidad y decoro en el trato que debe recibir un abogado de la matrícula. Entendemos impertinente una política laboral institucional que privilegie y justifique recortes o limitaciones presupuestarias, por sobre la especialización y capacitación de los profesionales". Contratados y pasantes Otra situación que generó controversias fue la condición de contratados en la que se encuentran unos 220 profesionales y otros tantos que trabajan ad honorem como pasantes. Al respecto el Colegio de Abogados exige que "se brinde seriedad y seguridad a los dependientes letrados que participan de la vida del Ministerio Público, quienes resignan el aspecto económico, tan importante en los tiempos que corren, por su vocación de servicio y aprecio a la institución y que se abran a concurso cargos de planta para los letrados contratados bajo cualquier modalidad". También remarcan que "se debe disponer, difundir y respetar reglas claras en lo atinente al ingreso y permanencia en las diferentes dependencias del Ministerio Público bajo cualquier condición, privilegiando la capacidad e idoneidad de los profesionales en concurso". Por último establecen que "en forma inmediata debe disponerse un aumento de lo percibido por los profesionales al equivalente de un salario mínimo, vital y móvil y que el Colegio de Abogados y Procuradores tenga participación en los concursos para los cargos de secretarios letrados y funcionarios letrados del Ministerio Público, tal como es común y habitual en el Poder Judicial de la Provincia". Por último solicitan que "se respeten los derechos humanos y de género fundamentales de las mujeres que prestan servicios, otorgándose las correspondientes licencias por embarazo y cobertura de obra social completa para el profesional que ingresa bajo cualquier modalidad y todo su grupo familiar y que se reincorpore y respete a los pasantes".