Asociaciones de defensa del consumidor aseguraron que en la Provincia se multiplicaron los reclamos por complicaciones en el tr�mite del sistema SUBE. Por quita de subsidios, anuncian posible tarifazo en el servicio

La discusión en torno a la quita de subsidios a los servicios públicos por parte del Gobierno nacional sirvió de disparador para que se vuelva a instalar el debate con respecto a los derechos del usuario, ya sea por la calidad de la prestación que recibe como por el precio de la tarifa que debe abonar.

La implementación del sistema Sube fue promocionado con bombos y platillos por la presidenta Cristina Fernández el 4 de febrero de 2009. No sólo eso, sino que también prometió la puesta en funcionamiento en los 90 días posteriores al anuncio. En el Gran La Plata, a casi tres años del anuncio (y a cuatro días del plazo de que se venza el el plazo exigido a las empresas de transporte), no sólo no se aplicó la iniciativa, sino que aquel que intente iniciar el trámite de acceso a la tarjeta debe afrontar interminables colas en los distintos puntos de obtención.

Pese a que se dispusieron puestos aleatorios de entrega de las tarjetas Sube, las sedes oficiales ubicadas en el Correo Argentino (4 y 51) y en una dependencia postal privada (6 y 46) no dan abasto ante la demanda, que se traduce en colas de hasta cien metros de distancia. “Tenemos muchas denuncias en la provincia de Buenos Aires respecto al SUBE, tanto en los trámites para sacarlo como para cargarlo. Le pido al usuario que haga la denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte”, indicó a Hoy Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor (CEC).

Las demoras en la implementación se torna evidente, ya que la gran mayoría de los ramales, tanto municipales como provinciales, poseen desde hace meses la tecnología exigida, aunque por decisión arbitraria o por negligencia, no se habilitó el funcionamiento del nuevo servicio. Según indicó a este medio un importante dirigente de una de las compañías que funcionan en la región, “el Gobierno reciénz está afinando los datos” del sistema.

El SUBE y el fantasma del tarifazo

Las asociaciones de defensa del consumidor alegan que el Gobierno podría avanzar en un futuro cercano con la quita de subsidios a las empresas de transporte, situación que generaría un incremento de tarifas en el corto plazo.

En ese sentido, desde el CEC aseguraron que desde el Ejecutivo nacional “podrían subsidiar únicamente a los usuarios que utilicen el sistema SUBE”, y si dicho sistema sigue manteniéndose de forma inaccesible, la suba de los precios terminará repercutiendo en el grueso de los usuarios.

“A las empresas no les gusta este sistema, porque les genera la pérdida del subsidio. Sin el subsidio van a aumentar las tarifas”, señaló Andrada.

Cómo funciona el sistema

èDe concretarse, el nuevo dispositivo permitirá abonar con una sola tarjeta magnética los viajes en colectivos, subtes y trenes adheridos en la Región Metropolitana de Buenos Aires.

èEl trámite es personal y sólo se puede realizar con documento de identidad, debido a que la tarjeta es intransferible. En caso de pérdida, se debe realizar la denuncia en la comisaría

correspondiente.

èLos principales puntos de obtención en la ciudad son en 4 y 51 (Correo Argentino), en 6 y 46 y en 51 y 8 (puesto aleatorio que funcionará hasta el 1° de diciembre).

El debate llegó al Concejo Deliberante

La discusión sobre el funcionamiento del transporte de pasajeros en la ciudad es una constante dentro del recinto legislativo local. La aplicación del SUBE no fue una excepción.

Considerando los retrasos existentes en el sistema, y previendo nuevas complicaciones, ediles de distintos bloques alertaron al Ejecutivo local respecto de los problemas que pueden presentarse a partir del 1° de diciembre (fecha estimada de inicio).

“Se tiene que garantizar que los pasajeros puedan viajar sin complicaciones en caso de que el SUBE no funcione. La idea es brindarles soluciones a los usuarios y no complicaciones”, aseguró el concejal del bloque Unión Celeste y Blanco José Arteaga, quien presentó un proyecto de ordenanza en el marco de la disposición aprobada por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (resolución 811/2011) que establece que colectivos y trenes no podrán cobrar pasaje si las máquinas no funcionan.