Es que, en menos de que cante un gallo, se habían acumulado cuatro presentaciones judiciales contra el vicepresidente por el supuesto delito de "omisión de denuncia de funcionario público".

El Código Procesal Penal impone a funcionarios y empleados públicos la obligación de denunciar los delitos perseguibles que conozcan en el ejercicio de sus funciones. El delito de omisión de denuncia contempla una pena de uno a seis años de prisión para los funcionarios.

La imposibilidad de probar los delitos que ahora tardíamente denuncia Boudou no puede ser excusa para no haberlos denunciado antes, tanto por su gravedad como por la jerarquía del funcionario obligado. Los hechos que involucran al estudio de la familia Righi habrían ocurrido entre 2008 y 2010, y el que vincula a Gabbi, en marzo de 2011.

El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Este viejo dicho le cabe como anillo al dedo a la conferencia que ofreció Boudou un día después del allanamiento a un departamento de su propiedad en Puerto Madero, que comprometió más al ex ministro de Economía con Alejandro Vandenbroele, cabeza del misterioso grupo empresario que se quedó con Ciccone Calcográfica.

Es que Boudou, para amortiguar su caída, terminó provocándole al propio Gobierno otro escándalo. Involucrar indirectamente al procurador general de la Nación, Esteban Righi, en la aparente prestación de servicios de tráfico de influencias ante jueces federales no es poca cosa. Boudou señaló que entre los años 2008 y 2010, representantes del estudio jurídico García, Labat, Musso y Righi, en el que actúan la esposa y un hijo del jefe de los fiscales le ofrecieron "aceitar" su relación con Comodoro Py, sede de los tribunales federales.

Hay serias dudas de que la presidenta Cristina Kirchner pudiera haber acordado con Boudou que éste hiciera semejante denuncia. No sólo porque Righi fue abogado de los Kirchner antes de llegar, en 2005, a la Procuración de la mano de Néstor Kirchner o porque el estudio de su familia defiende en distintas causas a varios funcionarios, sino porque no queda claro el beneficio para el Gobierno de comprarse un conflicto a partir de un supuesto delito que, a priori, parece indemostrable.

Sí es verdad que a algunos kirchneristas, empezando por Boudou, les gustaría que Righi se manejara de otra manera con los fiscales. Es probable que Boudou se haya movido con despecho porque el procurador no pudo o no quiso frenar las acciones del fiscal Carlos Rívolo, ni persuadir a su amigo, el juez Daniel Rafecas. En la lógica del vicepresidente, si Rafecas llegó a la Justicia Federal por recomendación de Righi, y Rafecas lo ataca, Righi también lo está haciendo. Hasta allí parecen llegar las hipótesis conspirativas.

El laberinto sin salida en el que se introdujo Boudou parece plantearle a la Presidenta una disyuntiva. Podría aparecer desautorizando a su vicepresidente, su elegido, si no le pide la renuncia a Righi.

A estas alturas, sin embargo, una inmolación del vicepresidente no resolvería totalmente los problemas del Gobierno. Porque si se aceptara que Boudou ejerció su influencia para que The Old Fund se quedara con Ciccone, habría que responder también por qué la AFIP le dio extraordinarias facilidades para pagar sus deudas y por qué el Banco Central y la Casa de Moneda avanzaron en la contratación de ese grupo para la fabricación de billetes..