La resolución fue dictada por la jueza del TIP, Verónica Fantini. Se trata de un dictamen unipersonal porque fue en respuesta a los recursos de apelación que presentaron las defensas contra los procesamientos que había dictado, a mediados de noviembre, el juez instructor Daniel Saez Zamora.

A Romero Oneto se le confirmó la medida por el delito de cohecho pasivo ("el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones"), y a Oppezzo por el de cohecho activo ("el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas"). Esa conducta -en caso de quedar demostrada en un juicio- está sancionada con entre uno y seis años de prisión, más la inhabilitación especial perpetua para el primero porque cuando supuestamente se cometió el delito era funcionario público.Fantini ratificó que está demostrado, prima facie, que Romero Oneto, siendo asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, cobró 59 cheques por 86.000 pesos de parte de Oppezzo, contratado por el Estado provincial como jefe de la inspección y la dirección técnica de la obra del acueducto del Río Colorado, entre noviembre de 1998 y noviembre de 2003. La Cotarc era justamente el organismo que controlaba a la inspección.

La investigación fue rescatada por Saez Zamora -a mediados de 2010- del "cajoneo" en la que la habían dejado los jueces que lo antecedieron en el Juzgado de Instrucción 5. La causa penal fue abierta en 2006, y ya ese año el entonces fiscal Eduardo Bazo Queirolo habló de coimas, a partir de un pedido de investigación de los sindicalistas Omar Lara y Ricardo Caso.

El primer juez, Carlos Omar Jorge, no investigó el pago de coimas, sino simplemente un delito menor como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y poco antes de jubilarse, en noviembre de 2007, dictó la falta de mérito a Romero Oneto con el argumento de que sólo había cometido una "desprolijidad éticamente reprochable". Su desinterés por profundizar la pesquisa quedó evidenciado cuando citó a declarar a Oppezzo -de quien Romero Oneto declaró que era su amigo- como testigo y no como imputado.A las pocas semanas, la Cámara en lo Criminal de General Pico confirmó esa resolución. Ocurrió cuatro días antes de que los diputados provinciales votaran la destitución de Romero Oneto en el marco de un juicio político en su contra por este mismo caso. El ex fiscal zafó de la destitución por apenas un voto y enseguida renunció a la FIA. En ese proceso llegó a decir una frase que aún se recuerda: "Recibí muchas ofertas de coimas..."

Años en el freezer.En ese momento pareció que el expediente se "caía", pero la fiscal Susana Alvarez rechazó el pedido de Romero Oneto de ser sobreseído y otros dos fiscales, uno de Santa Rosa (Guillermo Sancho) y otro de General Pico (Carlos Salinas) volvieron a hablar de coimas.

A mediados de 2008 Carlos Mattei reemplazó a Jorge en el Juzgado 5, pero tampoco avanzó con la pesquisa ni resolvió la solicitud del sobreseimiento. Recién cuando se fue Mattei y llegó Saez Zamora el expediente volvió a moverse, aunque con otro enfoque. El magistrado dejó atrás la figura del incumplimiento, citó a Oppezzo a indagatoria como imputado y concluyó que un funcionario de la Cotarc (Romero Oneto) había cobrado 59 cheques de alguien a quien ese organismo debía controlar (Oppezzo). Llamativamente, el primer documento de Oppezzo fue emitido el 16 de noviembre de 1998, poco después que el 24 de septiembre firmara un contrato por 4.146.000 pesos-dólares; y el último, el 5 de diciembre de 2003, poco antes de que ambos dejaran de tener vinculación con la obra y durante la última semana de la gestión marinista.¿Cuál fue el supuesto beneficio para Oppezzo? Que Romero Oneto, al no objetar en sus dictámenes las cuatro ampliaciones del contrato original dela inspección (en junio de 2000, septiembre de 2001, y febrero y septiembre de 2003) le facilitó el camino dentro de la Cotarc. Así, Oppezzo ganó más dinero.

Debido a que desde el primer pago hasta los procesamientos pasaron ¡¡13 años!!, Saez Zamora supo decir en su resolución que "frente a esta demora, se contrapone el interés público existente en hechos que hacen a los propios actos de gobierno y que, dentro de un sistema republicano y democrático, exigen transparencia y publicidad de los mismos, por lo que es de rigor de esa estructura constitucional dar respuesta a este tipo de situaciones".