El magistrado dijo que Romero Oneto cometió el delito de cohecho pasivo ("el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones"), y Oppezzo el de cohecho activo ("el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas"). Esa conducta está sancionada con entre uno y seis años de prisión, más la inhabilitación especial perpetua para el primero.

Saez Zamora dio por probado, prima facie, que el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Romero Oneto, siendo asesor legal y coordinador de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado, cobró 59 cheques por 86.000 pesos de parte de Oppezzo, contratado por el Estado provincial como jefe de la inspección y la dirección técnica de la obra del acueducto del Río Colorado, entre noviembre de 1998 y noviembre de 2003. La Cotarc era el organismo que controlaba a la inspección.

La causa penal fue abierta en el Juzgado de Instrucción 5 en 2006. Ya en ese año el entonces fiscal Eduardo Bazo Queirolo habló de coimas -a partir de una presentación de los gremialistas Omar Lara y Ricardo Caso-, pero el primer juez Carlos Omar Jorge -hoy jubilado- investigó un delito mucho menor, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que hoy estaría prescripto.

Pocos días antes de irse del cargo, en noviembre de 2007, Jorge le dictó la falta de mérito a Romero Oneto con el argumento de que solamente había cometido una "desprolijidad éticamente reprochable". Su falta de interés por profundizar la pesquisa quedó en evidencia cuando citó a declarar a Oppezzo como testigo y no como imputado.

A las pocas semanas, la Cámara en lo Criminal de General Pico confirmó esa resolución. Ocurrió cuatro días antes de que los diputados votaran la destitución de Romero Oneto en el marco de un juicio político en su contra. El ex funcionario zafó de la destitución por un voto y enseguida renunció a la titularidad de la FIA. En ese proceso llegó a decir una frase por demás sugerente: "Recibí muchas ofertas de coimas..."Un contrato millonario.

Con ese "guiño" judicial, Romero Oneto requirió rápidamente su sobreseimiento, pero la fiscal Susana Alvarez se opuso. Antes, otros dos fiscales, Guillermo Sancho y Carlos Salinas, habían vuelto a hablar de coimas. A mediados de 2008 Carlos Mattei reemplazó a Jorge al frente del Juzgado 5, pero tampoco avanzó con la causa ni se pronunció sobre ese pedido. Recién el año pasado, pocos meses después de ser designado juez, Saez Zamora desempolvó el expediente.

Este desechó el incumplimiento, citó a indagatoria a Oppezzo -por lo tanto anuló la declaración testimonial- y empezó a recorrer el camino de las coimas.

Romero Oneto declaró en su indagatoria que nunca fue designado oficialmente asesor legal de la Cotarc, que se desempeñaba en la Administración Provincial del Agua, y que los 59 documentos que salieron de la chequera de Oppezzo y su esposa Ilda Alicia Crosetti fueron por "un servicio de consultoría jurídica" sin obligación de concurrir a los tribunales. Una especie de prepaga judicial.

Además explicó que los médicos le recomendaron, a raíz de un infarto que sufrió en 1996, que redujera el ritmo de trabajo, y que como el sueldo de la administración pública no le alcanzaba, le ofreció el servicio de consultoría a su amigo Oppezzo -admitió que era su único cliente en esa condición- a cambio de un abono mensual. Oppezzo, por su parte, nunca quiso declarar ante un juez.

Saez Zamora no creyó demasiado en las explicaciones del ex fiscal. Manifestó que no hay pruebas de la existencia de esa supuesta relación contractual más allá de las palabras del imputado, ya que en la Justicia informaron que en ese período no hubo causas de Oppezzo como litigante ni de Romero Oneto como abogado. Además estimó que el hecho de que Romero Oneto haya declarado las sumas de los cheques antes Rentas pareció una maniobra distractiva del cobro de los sobresueldos.

También desechó el argumento de que no había sido nombrado en la Cotarc porque firmó dictámenes y brindó opiniones como asesor legal y coordinador de ella. El propio ex presidente del organismo, Raúl "Tuti" Rodríguez, lo avaló en su declaración como testigo. Por lo tanto, el magistrado consideró que Romero Oneto gravitó en las decisiones de la comisión; porque si bien los dictámenes de los asesores legales en organismos públicos no son vinculantes, sí son condicionantes.

La conclusión que sacó Saez Zamora con esas pruebas fue que un miembro de la Cotarc (Romero Oneto), que era el ente que controlaba a quien debía inspeccionar la obra del acueducto (Oppezzo), recibió los 59 cheques de su amigo durante cinco años en concepto de sobresueldos y en forma consecutiva. Como descartó la hipótesis del asesoramiento jurídico, sostuvo que el único punto en común entre ambos era la millonaria obra del acueducto. Curiosamente, el primer cheque de Oppezzo fue emitido el 16 de noviembre de 1998, poco después que firmara el 24 de septiembre un contrato por 4.146.000 pesos-dólares; y el último, el 5 de diciembre de 2003, poco antes de que ambos dejaran de tener vinculación con la obra y durante la última semana de la gestión marinista.

¿Cuál fue el beneficio para Oppezzo? Que Romero Oneto, al no objetar en sus dictámenes las cuatro ampliaciones del contrato original (en junio de 2000, septiembre de 2001, y febrero y septiembre de 2003) le facilitó el camino dentro de la Cotarc. E, indirectamente, le hizo ganar más plata.

Sin justicia hacia adentro

La Justicia es así. No hay muchos “Robin Hood” que den pelea porque haya justicia puertas adentro. Hoy un juez procesó a dos imputados después de investigarlos. Hizo ni más ni menos que lo que tenía que hacer, más allá de que a futuro esa resolución pueda ser revocada. Antes que él –a lo largo de los años– intervinieron otros jueces y fiscales en el expediente que hicieron poco y nada. Sin embargo, no hubo ninguna reacción de la cúpula del Poder Judicial ante el evidente incumplimiento de esos funcionarios.

No hay prescripción

El juez, al dictar los procesamientos de Romero Oneto y Oppezzo, consideró que el delito de cohecho fue continuado, es decir que se prolongó en el tiempo, por lo que pasaron trece años desde que comenzó (es decir cuando se produjo el pago del cheque inicial el 16 de noviembre de 1998) y ocho desde que concluyó (el cobro del último cheque ocurrió el 5 de diciembre de 2003). A su vez pasaron cinco años desde que el fiscal Bazo Queirolo impulsó la acción penal.

¿Habiéndose pasado tantos años no existe riesgo de que la causa prescriba? Parece que no, aunque es posible que las defensas de los dos imputados ataquen ese punto cuando seguramente recurran la resolución de Saez Zamora ante el Tribunal de Impugnación Penal.

Por lo que pudo saberse, el argumento de Saez Zamora fue que Romero Oneto dejó de ser funcionario el 24 de octubre de 2007, cuando renunció como fiscal de Investigaciones Administrativas; por lo que los seis años –el tiempo máximo para la condena por cohecho– habría que comenzar a contarlos a partir de esa fecha. Pero aún si se tuviera en cuenta la última causal de interrupción, que sería la indagatoria a Romero Oneto, ella se produjo en septiembre de 2007, por lo que también se estaría dentro de los plazos legales.

¿Y qué pasa con Oppezzo que no era funcionario público? El artículo 67 del Código Penal dice textualmente que “la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. O sea que queda “pegado” al día en que Romero Oneto se fue de la FIA.