“Es un tema que lo venimos trabajando desde hace bastante tiempo y cuyo análisis se profundizó en los últimos meses a efectos de incorporarlo en las modificaciones que van a estar asociadas con el presupuesto del próximo ejercicio fiscal”, afirmó en declaraciones radiales.

En ese sentido manifestó la necesidad de “valorar las propiedades en función de la renta normal potencial que estas generan, básicamente no con una finalidad no tanto recaudatoria sino que los suelos sean utilizados sino de acuerdo a la aptitud productiva que poseen”.

Por mejorar

Al respecto señaló el caso del Departamento San Martín que dijo posee los suelos “de clase 2 y 3, es decir son los mejores suelos agrícolas pero es donde más ha disminuido esa actividad y fue sustituida por la ganadería con modelo de baja productividad”.

El funcionario estimó que “son suelos que deberían volver a la agricultura de manera ordenada y esto implicaría expandir la frontera agrícola en una zona que no debió dejar de serlo en los últimos 10 o 20 años para transformarse en ganadera”.

Según dijo esto “ha implicado una reducción en la tasa de la actividad económica en todos los departamentos de la región Norte, particularmente San Martín, un cambio en la base productiva, la expulsión de la población por la ganadería extensiva”.

Eso se debe a que en esa zona la ganadería ocupa “muy poca cantidad de mano de obra y genera un valor unitario por hectárea reducido. Por lo tanto el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra también implica, además de gravar la producción de commodities que se generan, que están teniendo valor de mercado alto y no se refleja en capacidad contributiva de los propietarios de estos predios”.

Por ello consideró, también, la conveniencia de “hacer un uso ordenado de la oferta de recursos naturales que tenemos, con lo cual se podría ampliar la frontera productiva respetando el uso o la capacidad productiva de los suelos en la zona mencionada”.

“También con la ley que aprobó la creación de los Consorcios de Servicios Rurales, parte de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural está orientado, justamente, a su financiamiento. Los consorcios han avanzado en su constitución”, añadió.

Luego apuntó que los Consorcios de Servicios Rurales tienen más de 11.000 asociados. Son pequeños productores o productores vinculados a la agricultura familiar con esquema de prestación de servicios que van desde la preparación de suelo para la siembra hasta servicios vinculados a la organización para la comercialización.

“Estos productores que, generalmente, no han recibido el precio pleno de mercado por la cantidad de intermediarios que intervienen en el proceso de comercialización pueda mejorar la rentabilidad de sus actividades incorporando tecnología apropiado a su sistema productivo y mejorando la comercialización”, remarcó.