"Cobrar sobreprecios es una viveza criolla"

Según la presidenta del Centro de Educación al Consumidor, no es legal que los pequeños comerciantes decidan aumentar los valores de algunos productos. La Dirección de Comercio Interior profundizará esta semana los controles en drugstores del Gran San Miguel de Tucumán.
Mientras los quiosqueros advirtieron que generalizarán el cobro de sobreprecios en algunos productos, la Dirección de Comercio Interior profundizará el control, con el fin de constatar los valores adicionales y, de ser necesario, labrará las actas de infracción, amparándose en la Ley de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Así lo advirtió el subdirector de la repartición, Marcelo Rubinstein, en un contacto con LA GACETA. El funcionario ratificó que estas conductas de los pequeños comerciantes es ilegal.

En el mismo sentido se expresó la directora del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada. "Bajo ningún punto de vista, el cobro de sobreprecios puede ser considerado legal", dijo a nuestro diario la titular de la organización. Casi un centenar de drusgtores y quioscos aplican este sobrecosto del 10% en el precio de los cigarrillos, de las recargas para la telefonía móvil y en artículos de snack bar. Esa cifra surge de un relevamiento oficial en comercios del Gran San Miguel de Tucumán.

El jueves último, durante una asamblea abierta, los quiosqueros decidieron generalizar la medida, debido a la mayor presión fiscal y a una reducción en la rentabilidad del negocio, según adujeron. Andrada, al respecto, recordó que los cigarrillos suelen ser "el gancho de los quioscos, para que las personas compren otros productos". "Se ha establecido un listado de precios para todo el territorio nacional (y Tucumán forma parte de él), por lo que no se pueden poner otros valores al público", justificó. Andrada insistió en que hay precios estandarizados y acordados, que deben ser respetados, y en ese listado está incluida la ganancia dispuesta para el comercio. "Así que no puede aducirse una baja rentabilidad", remarcó.

De la misma manera, acotó, cabe para el caso de las recargas de crédito en los celulares. "Si te hacen pagar un plus para cargar tarjetas telefónicas o en cualquier otro producto similar, estamos en presencia de servicios más caros y eso no puede ser", manifestó la titular del CEC. Andrada también dijo que esta actitud es ilegal, ya que hay un porcentaje de las tarjetas que se venden que constituyen ganancias para el negocio y eso está acordado con las empresas que prestan esos servicios.

De mantenerse estas situaciones, la presidenta del Centro de Educación al Consumidor sugirió a los afectados efectuar las denuncias correspondientes ante organismos de defensa del consumidor o ante la Dirección Provincial de Comercio Interior.

"El cobro de estos sobreprecios no son más que una avivada de los comerciantes, una conducta propia de la viveza criolla", agregó. No obstante, Andrada dijo que -en muchos casos- resulta difícil comprobar estas conductas, ya que el comerciante no le proporciona el correspondiente comprobante de carga de crédito para el celular, mucho menos para el caso de los cigarrillos o los productos de snack bar. Además, indicó que las denuncias son anónimas y los organismos que las reciben deben comprometerse a no revelar los datos del denunciante.

Posibles sanciones

El cobro de sobreprecios también se observa en otras ciudades, como Chaco, Mar del Plata o Capital Federal. "La decisión de nuestra provincia es firme al respecto: hacer cumplir la ley y desterrar definitivamente esta práctica ilegal que perjudica al consumidor tucumano", reafirmó el subdirector de Comercio Interior de la provincia.

El organismo cuenta con las siguientes para reforzar sus controles:

• Listado de puntos de venta en los que relevamos y denunciaron alteración de los precios legales vigentes.

• Listado de precios alternativo que están difundiendo los propietarios de quioscos y drugstores:

• Listado de precios legales de las marcas de Nobleza Piccardo vigentes desde el 1° de abril, informados a la Secretaría de Comercio de la Nación y AFIP y publicados en medios nacionales:

De acuerdo con los regímenes nacionales vigentes, en caso de detectarse irregularidades se labrará acta correspondiente por incumplimiento de oferta y falta de deber de información pasibles de sanciones de hasta $ 50.000, dependiendo del tipo de comercio de que se trate, localización, monto de facturación promedio mensual y la reincidencia en comisión de infracciones. "Durante las próximas dos semanas se efectuarán los controles correspondientes para hacer cesar definitivamente esta conducta", informó la Dirección de Comercio Interior.

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