La multitudinaria marcha de ayer de los gremios estatales y la amenaza de que las protestas continuarán en las próximas semanas no modificó la postura del Gobierno provincial sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones: no dará marcha atrás con la ley que posterga por seis meses los aumentos salariales a los jubilados cordobeses.

El jefe de Gabinete, Oscar González, aseguró que inclusive si la Nación envía los 1.040 millones de pesos que la Provincia le reclama a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), esta situación tampoco cambiará la decisión de impulsar un ajuste sobre los haberes de los jubilados provinciales.

“Los 1.040 millones de pesos que nos debe la Anses fueron cubiertos por rentas generales y esos fondos tenían un destino específico. Si la Nación tomara la decisión de girar esos recursos, se volverían a utilizar para el destino original. Es decir, que un eventual acuerdo por la deuda, no modificará el escenario que nos obligó a impulsar la ley 10.078”, aclaró el jefe de Gabinete de la provincia.

Siempre en el marco de especulaciones, González reconoció que la única posibilidad que podría llevar a analizar una eventual derogación de los cambios, es que Córdoba recupere el 15 de coparticipación que la Nación toma de las provincias desde 1992.

La otra variante que podría modificar el plan del gobernador José Manuel de la Sota es que la Anses se comprometa a cubrir gran parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, como hizo hasta 2010.

“Los gremios son conscientes de que el Gobierno provincial se vio obligado a tomar esta medida, ante los reiterados incumplimientos de la Nación. En Córdoba se seguirá respetando el 82 por ciento móvil y esta postergación de los aumentos a los jubilados fue el mal menor que tuvimos que tomar, ante una situación que nosotros no generamos”, indicó el funcionario delasotista.

En el Centro Cívico hay optimismo por la decisión de la Corte Suprema de convocar a una audiencia de conciliación por la deuda de 1.040 millones, para el próximo 10 de septiembre.

Pero esa confianza contrasta con los duros términos en los cuales la Anses respondió a una misiva que el propio González había enviado al organismo nacional por la deuda.

En el texto de la carta al jefe de Gabinete al que tuvo acceso ayer este diario, la Anses señaló que la Provincia “ha demostrado falta de diligencia y desinterés, respecto al cumplimiento de un compromiso expresamente suscripto por la Gobernación”, indica la misiva que firmó Germán Cervantes, director ejecutivo de administración de la Anses nacional.

Estas definiciones adelantan la dura postura que la Nación tendrá en la audiencia convocada por la Corte.

Intimación

Trámite administrativo. Cumpliendo con lo que indica la ley aprobada por la Legislatura para que Córdoba renuncie al Pacto Fiscal del año 1992, la Provincia enviará en los próximos días una intimación al Gobierno nacional para que deje de descontarle el 15 por ciento de coparticipación que figura en aquel convenio. Se trata de un trámite formal.