Las millonarias comisiones pagadas para comerciar con Venezuela que investiga la justicia argentina depararon nuevos cruces entre oficialistas y opositores. Mientras el vicepresidente Julio Cobos sostuvo ayer que es casi una "utopía" pensar que no exista corrupción en un gobierno, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, defendió que toda la operatoria tuviera, a su entender, respaldo legal.

A eso se sumó el arco antikirchnerista en el Congreso, que anunció que intentará conformar una comisión investigadora sobre la "diplomacia paralela" con Venezuela mientras avanza en un proyecto para modificar el Código Penal y elevar por cuatro la actual escala punitiva que castiga los delitos de corrupción.

"Hablar de que en un gobierno no haya corrupción es casi una utopía", planteó Cobos durante una entrevista con El Tribuno de Salta, y reclamó una investigación seria. "Lo tiene que investigar seriamente la Justicia", apuntó el vicepresidente. "Hay que esclarecer todo esto y encontrar a los responsables, si es así como se está planteando", agregó, poniendo en duda la defensa que armó el kirchnerismo.

Todo legal

En línea con el discurso oficial, el ministro del Interior defendió el accionar de la empresa intermediaria Palmat, que cobró las jugosas comisiones del 15% a los empresarios argentinos que vendieron sus productos a Caracas.

"Nunca vi que para una coima se den facturas", contestó con ironía Randazzo, ayer, por Radio Mitre, cuando fue consultado sobre la denuncia que había hecho ante la Justicia el ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous.

"Esto se genera por un embajador que, justo por casualidad, dejó pasar cinco años para hacer este tipo de denuncias", se quejó el funcionario respecto de la declaración que había hecho Sadous ante el juez federal Julián Ercolini.

"Dice que le dicen que le dijeron", insistió Randazzo, para descartar que existieran pruebas concretas que involucraran al gobierno argentino. "Si hubo algún tipo de anormalidad es bueno que se aclare, pero no se pueden hacer acusaciones al voleo, porque les hace mal a todos", pidió el ministro del Interior.

Mientras aparecen más detalles de las comisiones, la oposición pretende aumentar las penas para casos de corrupción y avanzará en un proyecto que se debate en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), autor de la iniciativa. De ser convertida en ley, implicará un cambio importante, por cuanto no sólo se propone agravar las penas -se incluiría una escala punitiva que iría de 4 a 12 años de prisión, cuando al actual va de uno a cuatro años-, sino que también se gravaría con fuertes multas a las personas jurídicas involucradas. Se estudia aplicar a las empresas acusadas multas de hasta 30 por ciento de sus niveles de facturación.

"Este proyecto servirá como medida de prevención general, aunque sabemos que la corrupción no se va a arreglar con una suba en las penas", enfatizó el jefe del bloque de diputados radicales, Oscar Aguad.

En el bloque radical comenzó a estudiarse la posibilidad de impulsar una comisión investigadora en el Congreso.