El represor Ramón Warfi Herrera, que fue jefe de policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar desde enero de 1977 hasta 1979, acusado de delitos de lesa humanidad, cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Villa del Sol de Funes desde la semana pasada. La dirección exacta del chalé en el que vive, de techo a dos aguas con frente de ladrillos vistos, es Monteagudo 2186. El Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero, integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó el beneficio al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel. Lo curioso es que Warfi Herrera fue detenido el 16 de diciembre pasado, después de permanecer prófugo durante dos años. El juez Guillermo Molinari lo procesó a fines de diciembre por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas en 10 casos, además de asociación ilícita.

El fiscal Gustavo Gimena se opuso a que le permitieran vivir en Funes, pero el Tribunal atendió al pedido de la defensa, ejercida por los abogados Juan José Saín y Osvaldo Fiorino. Para Cristina Torres, presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, la decisión tomada por el Tribunal el 17 de febrero pasado es "lamentable, inconcebible y execrable". Como querellante, lamentó que los jueces Ibáñez y Casas --Jiménez Montilla votó en disidencia-- fueran más allá de lo pedido por la defensa, que había planteado una domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", apuntó Torres. Warfi Herrera fue trasladado en diciembre pasado al Penal Federal de Colonia Pinto, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, pero sólo estuvo preso dos meses.

La dirigente del organismo que agrupa a familiares de desaparecidos y a ex presos políticos apeló "al sentido de solidaridad de los movimientos de derechos humanos y más que nada al pueblo de la provincia de Santa Fe, en el sentido de que sabemos que las prisiones domiciliarias allá han tenido muchos problemas, porque han sido violadas reiteradamente. Lamentablemente para nosotros hay mucha distancia geográfica. Sin embargo, desde hace 35 años que estamos buscando justicia y como les decimos a ellos en la calle, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". La desesperación de los organismos de Santiago del Estero es que Warfi Herrera no demostró nunca, en 35 años, la intención de colaborar con la Justicia, y tenían expectativa del pronto inicio del juicio oral por los delitos de lesa humanidad en los que está imputado. "Les pedimos a los santafesinos que nos acompañen en esa búsqueda, para que se siente en el banquillo de los acusados como todos los otros. Si él no está presente, el juicio no se puede hacer", rogó Torres.

En su rechazo a la domiciliaria, el fiscal Gimena argumentó que el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (sólo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado, quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios, a partir del año 1979, en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela, entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del "Programa de Recuperación de Subversivos Procesados".

Desde la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia plantean que la resolución "tomada por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina, que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación".

Como antecedentes, plantean que "estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Warfi Herrera no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados".