La diputada Beatriz Kreitman, del bloque Coalición Cívica ARI, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Neuquén, que sostiene que la norma recientemente sancionada “constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social”.
De esa manera, solicita al Congreso Nacional que derogue la ley antiterrorista -Nº 26.734- por considerar que viola principios elementales, normas constitucionales y acuerdos internacionales de Derechos Humanos y permite “una peligrosa arbitrariedad”.
La legisladora cuestiona que sólo se tuvieron en cuenta las condiciones impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para considerar a la Argentina como un destino seguro de inversiones externas directas.
Kreitman afirma que la ley incorpora un artículo al Código Penal que establece un agravante para los delitos cometidos “para generar terror en la población” u “obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión”.
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