A través de un comunicado enviado a El Día, el sector político asegura que la presidenta de la Nación y los miembros de su Gabinete “cometen un tremendo error al apostar a la judicialización del conflicto en Gualeguaychú con el objetivo de desgastar a la comunidad de dicha zona. Es delicadamente grave haber criminalizado la protesta social, lo cual traerá consecuencias jurídicas y políticas a futuro y sentará un precedente peligroso en la materia para todo reclamo social, especialmente cuando la denuncia aún no se ha retirado a pesar del levantamiento del corte”.

Entiende que “la demagogia” del gobierno nacional “no tiene límites” después de haber impulsado una “puesta en escena” donde “supuestamente apoyaban la lucha de la sociedad movilizada por el derecho a vivir en un ambiente sano y haber proclamado como causa nacional” el reclamo por el desmantelamiento de Botnia. "¿O acaso se han olvidado del encendido discurso sobre la defensa del ambiente que muchos de ellos sostuvieron en los tiempos de campaña? ¿Será que todo vale a la hora de juntar votos?". En cambio, ahora, “con bajeza, y en un acto ruin, van detrás de la Asamblea Ciudadana Ambiental amparados en una ley de la dictadura de Onganía”.

“Lo peor de todo es que se termina discutiendo el corte y ocultando el problema principal: la contaminación ambiental provocada por la empresa Botnia y el profundo daño que le está haciendo a la relación histórica entre dos pueblos hermanos. Pero más aún, el debate político es qué modelo de desarrollo pretendemos y hacemos de la cuenca del río Uruguay”.

La Coalición Cívica reclama buscar alternativas “para seguir encarando esta lucha en forma pacífica, generando espacios de debate sobre modelos alternativos de producción y desarrollo para la cuenca del Uruguay, donde está claro que las plantas de celulosa no son una opción. Consideramos inclaudicable el reclamo para que Botnia se vaya del río de los pájaros”.

“El gobierno argentino tiene una responsabilidad concreta e ineludible, que es asegurar el cumplimiento estricto del fallo de La Haya, y para pretender ser referente en política ambiental dentro del MERCOSUR, debe comenzar arreglando las cuentas pendientes dentro de su propio territorio, como el saqueo de los recursos pesqueros, mineros y petroleros, la destrucción de los glaciares y el desmonte a mansalva del bosque nativo”.