El Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, Coaj, presentó su propuesta para abordar de forma integral la lucha contra la discriminación de mujeres indígenas de América ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Cidh).
El Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) estuvo presente junto a otras entidades.
Durante la audiencia se abordaron casos de discriminación múltiple que afectan a las mujeres indígenas y las entidades que las representan aportaron nuevos enfoques para avanzar en el abordaje de estas problemáticas, desde una visión adecuada culturalmente que permita definir acciones positivas y políticas públicas que atiendan la especificidad de la realidad de las mujeres de los pueblos indígenas.
Pero además solicitaron que la Cidh tome en cuenta de manera integral los derechos garantizados por el sistema interamericano, la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos y los aportes de la perspectiva de género.
La coordinadora general del Coaj, Natalia Sarapura, precisó que en ese marco la institución, representada por su asesor legal, Andrés Reynoso, se centró en la discriminación por ausencia de políticas públicas diferenciadas en Argentina y en México.
En el caso de Argentina, uno de los retos pendientes está vinculado con las dificultades de acceso a los centros de educación, que provoca una baja adherencia al sistema educativo y perpetúa bajos niveles de formación.
El Coaj puso de relieve que “los índices de analfabetismo de pueblos indígenas, son tres veces superior a la media nacional” y destacó que “los problemas de educación radican en la falta de accesibilidad y adaptabilidad”.
“Los servicios educativos están lejos, de manera que una vez concluida la escuela primaria las mujeres indígenas enfrentan complicadas situaciones al verse obligadas a migrar hacia centros más urbanizados. Las mujeres indígenas al migrar tienen que trabajar, como empleadas domésticas y se exponen a situaciones de explotación laboral y discriminación”.
“La falta de adecuación del sistema educativo a la realidad de las mujeres indígenas, genera un proceso de exclusión y discriminación sistemático”, señaló el Coaj en la Cidh pero además puso de relieve que “la ausencia de una educación libre de discriminación impide el desarrollo intelectual de las mujeres indígenas.
No hay políticas públicas integrales diferenciadas que contemplen la situación de las mujeres indígenas que resulte culturalmente adecuado”, resaltó la entidad.
Desafíos para el sistema
La abogada de la Onic, Ana Manuela Ochoa, desde un enfoque jurídico observó que “en la concepción universal de los derechos humanos contenida en los tratados internacionales, se excluyó la referencia específica a la realidad que vivimos las mujeres indígenas.
Propuso “incluir de manera integrada la dimensión de derechos, el enfoque de género y la cosmovisión indígenas, sin disociarlas.
Esto implica tener en cuenta que la realidad de las mujeres se da en un contexto de reivindicaciones colectivas y que están permeadas por desventajas heredadas de la colonización, y que la relación espiritual que construyen con sus territorios, sus sistemas y prácticas jurídicas, integran una íntima relación entre derechos individuales y derechos colectivos”, indicó la letrada Ana Ochoa en su exposición ante la Comisicón Interamerica de Derechos Humanos.
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