“Luis Francisco Miret, en su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad” desde “los años previos al golpe de Estado instaurado en el año 1976”. La afirmación es parte del dictamen que desde hoy estará en condiciones de votar la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y que podría poner al camarista mendocino a las puertas del juicio político. El proyecto que pide suspenderlo e iniciar el proceso para echarlo refleja casos concretos en los que Miret recibió denuncias de malos tratos y tormentos de personas que estaban detenidas por la llamada “ley de ‘lucha contra la subversión’”, pero “nunca investigó” nada. El documento muestra que conocía los lugares de detención y que incluso se entrevistó con un preso después de la sesión de torturas. También se lo acusa de la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, y se le cuestiona el archivo de la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido. A Hugo René Tomini lo detuvieron el 28 de agosto de 1975, mientras esperaba el colectivo. Lo llevaron en el baúl de un auto a lo que luego supo que era el Departamento 2 (D2) de Policía. Al tercer día, relató ante el Consejo, comenzaron a torturarlo. Describió golpizas, sesiones de golpes en los testículos y picana eléctrica. “Uno o dos días después de haber sido torturado siento que alguien, un policía, corre como un cerrojo del calabozo y dice ‘levántese que lo viene a ver el juez’. Yo no me pude levantar, porque físicamente no estaba en condiciones.”

–¿Cómo está? –le preguntó un hombre de traje.

–Dolorido –respondió Tomini.

–Hay que aguantar –le recomendó el visitante.

Tomini pensó “que era una payasada de la policía”. “Pero mi sorpresa grande es cuando días después voy al juzgado y era el juez (Miret)”, relató. Desde su pequeño calabozo –dijo– no veía, pero escuchaba. Así conoció la voz de Luz Faingold, que estaba en el calabozo vecino. La oyó “implorar” que no la violaran. Luz tenía 16 años, estaba en quinto del secundario y era delegada. Su madre, Luz Casenave, la buscó con desesperación. La mujer también declaró en el Consejo. Al enterarse de que estaba en el D2 corrió a sacarla invocando su condición de menor, pero el juez “había prohibido la restitución al hogar” con el argumento de que sus padres, divorciados, no daban “garantía moral”. A la semana pudo entrar a tribunales, cuando Miret estaba indagando a Luz. La vio en una silla como “un pajarito vencido, un ser arruinado”. Quiso abrazarla y se lo impidieron.

–¿Quién es usted? No se puede entrar acá –le gritó el juez. “Yo le dije: ‘Soy la madre de la persona que usted está indagando (...), usted está cometiendo un delito, a una menor se la interroga delante de los padres, del tutor o de un abogado’”, revivió Casenave.

Luz Faingold fue llevada por orden de Miret a una institución para niñas sin hogar y prostitutas. Desde allí le escribió una carta a una amiga contándole que había sido violada durante la detención. Esa situación había sido denunciada ante el juez por León Glowosky, pareja de Luz, también detenido en el D2 junto con otros jóvenes. Todos denunciaron torturas. Uno de ellos, Prudencio Mocchi, tenía un disparo en una pierna.

Estos casos sustentan parte del dictamen contra Miret que elevó el consejero Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo), en base a la denuncia de organismos de derechos humanos, para que lo votase la Comisión de Disciplina y Acusación. Le imputa haber adoptado “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” que recibía cuando tomaba declaración y que “tuvo la posibilidad de constatar en forma personal” con Tomini.

El dictamen tiene otras dos imputaciones: la “falta de imparcialidad” de Miret por no excusarse en el juicio por la verdad en el que se juzgaba al general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza, de quien se jactaba ser amigo personal; y el archivo, en 1987, del expediente en el que se investigaba la apropiación de Rebeca Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido en julio de 1977, que de ningún modo podía considerarse alcanzado por las leyes de impunidad. Cuando otros jueces reabrieron la causa, la chica recuperó su identidad.

Miret está imputado penalmente por 31 casos de desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante la dictadura. Ayer llevaba su tercer día de indagatoria ante el juez Walter Bento. Aun así sigue siendo camarista federal. En situación similar está el camarista Otilio Romano, que era fiscal en los ’70 en las mismas causas en las que Miret era juez. Romano interrumpió su indagatoria alegando problemas de salud y ahora es revisado por el Cuerpo Médico Forense. También está denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero consiguió frenar el proceso de remoción con un amparo que le concedió un juez ad hoc, Carlos Parellada, designado por la Cámara que él integra.

La Comisión de Acusación debería reunirse hoy al mediodía para decidir si pide la apertura del juicio político, que deberá ser votada después por el plenario. Los votos kirchneristas y del radical Ernesto Sanz por la acusación estarían asegurados. En la comisión alcanza con mayoría simple y basta la presencia de cinco consejeros. “Estaré ahí sentado para apoyar la acusación”, le dijo Sanz a Página/12. La duda es si los jueces darán quórum o si pedirán una postergación: no les convence acusar a un juez justo en vísperas de la elección de consejeros jueces, que es la semana próxima. Masquelet insistirá con la urgencia. Si no es hoy, sería el jueves que viene.