La polémica ya empezó entre Baratta y Simone. El PRO metió su bocadillo crítico y desde el peronismo oficialista le contestaron. Este será el preámbulo del discurrir político en Lanús, al parecer, durante el 2012.

Por Ricardo Carossino

Parecen lo mismo, pero no lo son. Una es la seguridad parlamentaria con la que el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, empezará el 2012, y otra es la seguridad ciudadana con la que el mismo Intendente tendrá que lidiar, quizás más que antes, por tener ahora un responsable directo para los reclamos y el compromiso de sus políticas de contención.

De cualquier manera, esa tranquilidad parlamentaria por tener por 13 concejales que levantarán la mano para avalar sus decisiones, quizás incluso se vea intranquila cuando la oposición empiece a “vetar” discursivamente las políticas de seguridad que ahora se llamarán Protección Ciudadana.

Esto empezó temprano, en pleno enero, como para calentar el ambiente más de lo que está y el primer caso resonante con que largó el 2012 fue el asesinato, nada menos, que de un agente de la policía federal, lo que sirvió como disparador para la polémica que tuvo como protagonistas al ex comisario y edil del Frente para la Victoria (FpV) Salvador Barata y el titular de Protección Ciudadana Reynaldo Simone. Además de los ediles Carlos Barbagallo (FpV) y Susana Arce (PRO).

Los temas que despertaron la polémica (que podría ser un debate si el oficialismo accede) fueron las cámaras de seguridad, los objetivos de la nueva Secretaría, la tasa de seguridad en el ABL y la responsabilidad de la Municipalidad frente al delito.

En este sentido, queda claro que la máxima autoridad para dictar las políticas de seguridad es el gobernador bonaerense, quien, ante las masivas críticas a su ministro Ricardo Casal, busca que las policías pasen a las órbitas municipales para descomprimir el costo político que significa sostener una responsabilidad que no parece estar dando beneficios para la población.

Pero para esas policías falta mucho, en rigor, y la única responsabilidad seria de los municipios, por el momento, será hacerse cargo de los reclamos, porque la gente visualiza a su inmediato gobernante como el encargado de asimilar los golpes locales. Un homicidio en Lanús es materia de Casal, pero el sismo político y emocional es materia de Díaz Pérez.

Esto lo sabe el Intendente, y quizás, para canalizar esa sensibilidad social sobre las muertes duras, es que accedió a tener un responsable directo con nombre y apellido que apuntará a contener una demanda de coordinación entre el Municipio, la gente y la policía, para mostrar que el jefe comunal no se desentiende de la realidad. Ahora cabe esperar cómo se realizará esa idea.

Pero desde su propio seno interno, las críticas no tardaron en llegar porque el primero en contestar las explicaciones de Simone fue Baratta, un hombre muy crítico con el Intendente desde que decidió estar en la lista de concejales del ex edil Omar López, lo que le permitió acceder al cuarto lugar de la lista dariista por haber obtenido la primera minoría en agosto del año pasado, algo que muchos peronistas K aún sienten como un fuerte dolor político porque el Intendente se vio obligado a relegar, por caso, al representante de Camioneros Juan Vanati.

Políticamente, Baratta hoy no comparte el despacho con los demás concejales del FpV y tiene su propia oficina, como si fuera un extrapartidario aliado, al igual que Barbagallo y el ex ARI Mariano Amore.

Desde ese lugar de relativa independencia discursiva, Baratta trabaja sus ácidas críticas hacia el oficialismo, quien podría verse obligado a contestarlas porque son hechas por un edil de su propio territorio político, algo que podría causarle más de un dolor de cabeza a Simone, quien acepta hasta ahora y de buen grado (parece) la autoridad de Baratta para opinar de seguridad.

Pero el ex comisario ya dejó en claro que se siente discriminado por el Intendente porque no lo consulta sobre el tema y pide a Díaz Pérez que lo escuche cuando dice, por ejemplo, que “Simone no es idóneo para la cartera de Seguridad municipal”.

Por eso, el concejal pseudooficialista no tuvo empacho en afirmar: “Cuando uno es soberbio no quiere consultar. Yo creo que hay mucha soberbia en esta gestión”, a la vez que resaltó sobre su compañero de bloque, Carlos Barbagallo, quien había argumentado que los concejales no están para asesorar: “Yo considero que le puedo dar una mano al ejecutivo. Si Barbagallo no quiere dar una mano, problema de él”.

“En octubre pasado, Lanús era el distrito donde más había crecido el delito y había llegado a casi el 15 por ciento con relación a otros distritos, según la Procuraduría General”, aseguró el edil, pero avaló el ejercicio del gobierno nacional en esta materia, al afirmar que no es “un policía duro” porque reconoce que “el cran sustento de la seguridad son los planes sociales”.

Por lo pronto, el edil también subrayó que le da “dos meses de gestión a (el titular de Protección Ciudadana municipal) Simone para ver cómo gestiona”, aunque resaltó: “Yo creo que no tenemos casi nada de cámaras de seguridad y que no se hagan los distraídos porque Nación y Provincia enviaron mucho dinero a la seguridad. No quiero que después me digan que esa partida se utilizó para otras cosas que no son la seguridad”.

Por otra parte, criticó que se pague un “aumento de la tasa de seguridad en Lanús del 25 por ciento”, al tiempo que reclamó a Simone “que garantice que el dinero que se recauda por seguridad sea destinado justamente a la seguridad, porque los vecinos no tienen que hacerse cargo de la seguridad”.

Con esta carga pesada de críticas, Baratta inició su mandato parlamentario, poniendo el acento en lo que más sabe: el control del delito en la peligrosa provincia de Buenos Aires, y así marca la cancha para una agenda que le dará de comer a una oposición diezmada en el Concejo Deliberante.

En el HCD, el oficialismo tendrá la seguridad a partir de ahora de que todas sus iniciativas tendrán la aprobación de un bloque formado por los ediles puros del dariísmo, sumados los aliados como Baratta (según el tema), Barbagallo, Amore y Pícolo. Con esto, el oficialismo tendrá un tranquilo bloque de 13 voluntades que apoyarán sus políticas municipales.

El rol de la oposición será sin duda testimonial, parados en un lugar expectante, desde donde deberán saber articular una estrategia relevante de control y denuncia (si hiciera falta) para marcar algo la cancha en el HCD, que será todo de color K.

Una muestra fue la polémica sobre la seguridad que tuvo como protagonistas a Barbagallo y Arce, y que será el preámbulo del rol opositor: marcar con mayor énfasis lo que consideran mal del intendente Díaz Pérez, a menos que sepan acordar políticas de gestión que les permita a los ediles opositores meter proyectos que se aprueben en comisiones que tendrán una categórica mirada oficialista.

La concejal habló con este semanario de la responsabilidad en seguridad del Municipio y la Secretaría de Protección Ciudadana y opinó: “Se demostró en los hechos que el Municipio tiene que ver con la seguridad porque el que más conoce el territorio es el intendente y no el gobernador o el ministro, por eso esos intendentes luchan por conseguir una policía comunal con las mismas atribuciones de la provincial”.

Al respecto reclamó: “Claro que la Secretaría tiene que recorrer las calles viendo la problemática y no quedarse sentada detrás de un escritorio porque la mejor forma de controlar el delito es con la presencia policial dependiente del municipio”.

Para contestarle, nada menos que un ex PRO, además de criticar con dureza a Néstor Grindetti, le respondió a Arce y deslegitimó las críticas de la edil, al considerarlas de índole “política”, algo parecido a lo que el mismo Simone argumentó en su momento con este medio, al calificar este tipo de objeciones opositoras como el ejercicio de una “política barata”.

Entre estas dos aguar se debatirá la seguridad de los vecinos de Lanús, que en esta materia, puntualmente, no conocen de responsabilidades mayores, menores, relativas o directas, como ellos siempre dicen, solo quieren vivir tranquilos, tranquilidad que es absoluta responsabilidad del Estado: nacional, provincial o municipal (tache lo que no corresponda).