En tiempos en los que hablar de (in)seguridad es moneda corriente dada la relevancia del tema para la comunidad, podría pensarse que está todo dicho en materia de políticas de acción gubernamentales. En las calles, algunos piden mano dura y aseguran que se les dan demasiadas garantías a los presos. Otros hablan de resocialización y reinserción social. Mientras tanto, varios municipios instalan cámaras de videovigilancia a modo de solución ante el reclamo popular. En esta especie de experimento a lo “Gran Hermano”, surgen debates acerca del uso de las imágenes y, sin embargo, parece no haber una postura clara al respecto, al menos todavía.

Enrique Font es magíster en Criminología y profesor del Ciclo de Orientación Definida en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además, fue director de numerosos proyectos de investigación de la especialidad, así como secretario de Seguridad Comunitaria de Rosario. Durante una entrevista con Crítica Penal, programa que se emite todos los jueves de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7 Radio Comunitaria, el profesional se refirió a la ineficacia de la utilización de las cámaras de seguridad y sostuvo: “Son un claro reconocimiento de la impotencia estatal”.

- En Mar del Plata, como en el resto del país, se habla muchísimo de los modos en que se puede “combatir” a la inseguridad, y por ende se habla de distintas formas de hacer a la seguridad ¿Cuáles son los desafíos para la clase política al generar sistemas de seguridad democráticos?

- En los últimos años hubo un cambio que considero significativo en la retórica política: el reconocimiento de que la seguridad es un fenómeno complejo, multicausal, multifacético que demanda abordajes consecuentes. Complejo es que no es solamente el momento, sino toda la historia. Esto esta instalado en la retórica política pero eso no quiere decir que esté en la política pública. Una de las maneras de ver esto es analizar los presupuestos y ver en qué se gasta y cuánto. El dinero en las políticas de seguridad se gasta en un 93 por ciento en mantener el sistema penal: sueldos de policía, del servicio penitenciario, al sistema judicial. Este es el límite de la retórica, pero al empezar a reconocerlo es un avance.

Otra cosa que está establecida es que las estrategias de mano dura, punitivas fracasaron. Ya no es una disputa en la que quienes plantean una seguridad democrática deben demostrar que su propuesta es mejor, porque ya hemos visto las estrategias que fracasaron, porque crecen los presupuestos en seguridad, pero también los problemas y el delito se amplía en lugar de bajar. Ahí hay otro piso para discutir; los desafíos son complejos porque hacer política de seguridad en serio implica preocuparse por entender los procesos sociales por los que determinados grupos de personas quedan en una situación en la que el delito resulta atractivo, para construir identidad y más. Si uno piensa, la violencia letal en jóvenes sale del mismo lugar y hay vinculaciones a temas de tráfico de drogas y demás, pero es un mecanismo de crear identidad en un contexto de exclusión social. Hay que identificar las razones para transgredir las leyes penales. Estamos hablando de políticas que no tienen que ver con lo punitivo sino de resolver tensiones críticas que algunos grupos sufren.

La otra cuestión es hablar de economías delictivas, no basta con que haya muchos jóvenes en situaciones sociales en las que el robo es una alternativa, porque si no hay un sistema donde comerciar estos productos no sirve. Entender que el delito en buena parte de sus componentes tiene una economía, una oferta y demanda de bienes. Entender la economía del delito es clave.

- La forma de hacer seguridad involucra mucho más que lo punitivo. Las políticas parecieran estar vinculadas con el control ¿De qué otra manera se puede pensar?

- Primero hay que rehacer las variables, pluralizar a los actores: si reconocemos que mucho tiene que ver con inequidad y demás, la policía del sistema penal no tiene nada que hacer ¿En que sí debe intervenir? En las economías delictivas. Las chances de que un patrullero coincida en el momento de un robo, son pocas. Las chances de que la policía haciendo una investigación criminal adecuada sepa dónde están los desarmaderos sí son mayores. Es tan fácil que ahí radica la corrupción. La corrupción en la política de seguridad se encuentra en el vínculo entre las agencias del sistema penal y el conocimiento sobre los mercados delictivos; un policía saca dinero de un desarmadero, porque maneja ese sector delictivo. El delito victimiza a algunos, pero hay un sector social que con el crimen hace dinero. Buena parte de la victimización y la preocupación está vinculada al delito de los débiles, hecho posible por el delito de los poderosos. Como por ejemplo, la circulación de armas. Una política sobre estas cuestiones baja los homicidios, hay que acompañar con políticas sociales, que aborden todos los conceptos.

- En el análisis se plantea pluralizar actores y eso genera la resistencia de las fuerzas policiales acostumbradas a otro funcionamiento ¿Por qué se da?

- La institución policial es una burocracia que vive de aprovechar el delito, que aprovecha estas cuestiones ilegales. A mí lo que me preocupa es la resistencia de la política para tocar estos temas. La policía es una burocracia policial. Hay una resistencia de la política al cambio. Yo me fui del gobierno de Binner porque no pude lograr una reforma de la policía. Son temas sobre los que los partidos políticos no tienen masa crítica propia, dependen del acompañamiento de afuera. Hay una dificultad, no hay gente para esto. Hay un temor sobre este tema, porque muchos lo desconocen. Las soluciones pueden implicar años de problemas, como la reforma policial y eso requiere un vínculo y un trabajo conjunto entre oficialismo y oposición. Me parece que el tema se ha agravado, no podemos negar que la victimización aumentó, el riesgo es que la presión social ante la ausencia de respuestas tiene alternativas fascistas o de derecha. Hay un reconocimiento social de que la inseguridad tiene un trasfondo multicausal. Lo que aparece es mucha dureza al responder a fenómenos propios. La policía no es el obstáculo más grande, es una de las burocracias estatales sobre las cuales el gobernador tiene un nivel de discrecionalidad muy grande. El obstáculo grande es político más que policial.

- Desarrollaste un programa sobre intervención multiagencial para la prevención del delito ¿De qué se trató?

- Fue un proyecto que comenzamos desde la Secretaría de Seguridad de la Nación con el programa de las Naciones Unidas. La idea era establecer políticas de seguridad comprendiendo todas estas cuestiones y variables, más allá de la respuesta penal. En la práctica trabajamos sobre tres barrios de Santa Fe y Rosario donde se concentraban los homicidios. Fue un trabajo sintonizado con cuestiones tecnológicas y del reconocimiento de tensiones culturales y sociales. “Hacen eso porque no tienen otra alternativa para el reconocimiento”, pensamos. También reconocemos la identidad que construyeron. Y nos acercamos como el Estado que propone una alternativa, reconociéndolo. Construyen una identidad por el delito, que les impide circular en el barrio, en la ciudad y uno ve que el que no termina muerto o preso, tiene muchas chances por un proceso natural de rescatarse. Trabajamos con ellos y reforzamos el rescate, empezamos a destrabar el acceso que tienen otros jóvenes, como ir a nadar en el verano, acceder a planes sociales. Se construye confianza con chicos que eran el terror del barrio, que construían identidad asustando. Hay que jugar con la carta que te toca. La violencia es atractiva, genera identidad, construye. Se cree que el delito es una forma de ganar plata, y en realidad tiene que ver con el prestigio, por eso hay que pensar en producir un reconocimiento y beneficio en las nuevas políticas que se implementen.

LA POLICÍA, DESDE ADENTRO

- Las cámaras de seguridad ¿Llegan por un hartazgo de la policía o son un complemento al accionar preventivo?

- Son un claro reconocimiento de la impotencia estatal para abordar el problema, porque es buscar una nueva panacea mágica que resolverá este fenómeno complejo. No hay que perder de vista que son un negocio, son caras de instalar y de mantener. Sirven para algunas cosas, la experiencia británica, que es el país con más densidad de cámaras tiene por metro cuadrado, es bastante cauta, porque evidencia que puede producirse la baja de algunos delitos, pero muchas veces se traslada el delito de lugar. En general para esclarecer delitos no son muy útiles, porque se requiere más personal. Son una inversión poco redituable, solo reditúa en calmar las demandas de seguridad, con la idea de hacer algo. Es un gasto que se hace sin saber dónde, para qué. No sé mide. No hay legislación, pero, aparte, muchas veces nadie mira las imágenes.

- Hay una función preventiva y represiva de la policía, bajo la lógica de la sospecha ¿De qué se trata la subcultura policial?

- La subcultura tiene que ver con un intento progresista para sacarse de encima la idea del delito como algo determinado. Esta idea plantea que el delito es una forma de responder a cuestiones que se presentan particularmente por la clase social y las características. Hay que entender las condiciones particulares por las que un grupo opta por una subcultura. Se empezó a usar para desviar la ilegalidad del proceso. Se problematiza el funcionamiento de la policía en sí. Se trata de situar el accionar en las tensiones, demandas, en el trabajo. Las mismas se marcan entre la función social de la policía como el control de delito y a la vez pedimos que respeten las reglas del Estado de derecho y eso es una tensión, más si es policía mal formada, con pocos recursos. Se generan desvíos en los principios, porque la presión por los resultados es muy fuerte. Esto no está por fuera de la corrupción: por ejemplo, las causas fraguadas. Esta presión aparece como algo que es particular de esta experiencia del ser policial.

- ¿Cuánto influye la subcultura en el impedimento para transformar la policía?

- Si hay decisión política, la institución policial no es la más complicada de transformar, porque hay herramientas. Toda subcultura ocupacional es refractaria al cambio, porque funciona tratando de sostener lo que existe y el cambio es una amenaza a los poderes establecidos. Si uno busca una mirada que matice esa subcultura va a encontrar potencialidades para el cambio. Por ejemplo, al introducir la variable de equidad de género te ganás el 40 por ciento de la tropa policial, porque las mujeres policías la pasan muy mal, tienen que soportar presiones, abuso sexual. Jugar esa variable te da chances de que una parte de la institución esté a tu favor, lo mismo con las cuestiones como las generacionales, abriendo la posibilidad de hacer carrera.

Hay que encontrar esas diferencias y la habilidad de la política pública es hallar esa variedad para cambiar la subcultura. Hay que tratar de buscar las diversidades para entender y modificar las cuestiones. Es necesario poder establecer algún nivel de quiebre en la institución policial.

- ¿La sindicalización de los miembros policiales es una estrategia necesaria?

- Hay que pensarlo como la cereza del postre, en una negociación sobre la reforma es correcto establecer estas reuniones para los diferentes rangos. Pero eso es parte de un acuerdo, es ingenuo y contraproducente hablar de sindicalización en este contexto, porque es legitimar un poder para una organización que funciona de una manera muy mafiosa. Una reforma policial debería lograr que la institución se asemeje a un Ministerio de Educación, de Salud, a otra burocracia estatal. La sindicalización debería ser una moneda de cambio, pero en este contexto me parece peligrosa.

- ¿Otra medida de cambio podría ser la creación de la Policía Comunal?

- Más que para la policía, para los intendentes. Marcelo Saín la defiende a muerte, yo soy más escéptico porque lo que vi es que hay países con policía centralizada que la municipaliza y al revés. Se ven muchos procesos, una policía como la bonaerense es muy difícil de control pero eso sirve si es una policía que se reforma, si la descentralizan en el mismo sentido, porque sino en algunos Municipios andará muy bien y en otros se consolidará lo existente. No me parece una mala estrategia, pero le daría una vuelta de tuerca. Si tuviera que pensar en policías pensaría en mantener un nivel de centralización operativa y descentralizar algunas funciones. Un esquema muy ambicioso, de cogobierno en el ámbito local, donde el jefe de gobierno pueda establecer las prioridades, pero la policía no pierda la centralidad. Hay situaciones que requieren esa centralización, porque localizar es ir sobre el perejil, pero hay mucho más detrás. Es razonable en policías como la bonaerense, pero siempre en un contexto de reforma.

FONT, DIXIT

* (IN)SEGURIDAD: “Hacer política de seguridad en serio implica preocuparse por entender los procesos sociales por los que determinados grupos de personas quedan en una situación en la que el delito resulta atractivo, para construir identidad”.

* MERCADO DELICTIVO: “La corrupción en la política de seguridad se encuentra en el vínculo entre las agencias del sistema penal y el conocimiento sobre los mercados delictivos”.

* BUROCRACIA POLICIAL: “La institución policial es una burocracia que vive de aprovechar el delito, que aprovecha las cuestiones ilegales”.