El alperovismo impulsa un proyecto para modificar el Código Procesal Constitucional ampliando los plazos para la resolución de esos recursos a partir de su conteo en días y horas hábiles judiciales. La oposición advierte que, de aprobarse el cambio, será más difícil pleitear contra el Estado y la Justicia perderá eficacia.
La polémica iniciativa, que lleva la firma del alperovista Guillermo Gassenbauer y contaría con el aval de la Corte Suprema, prevé que ese tipo de trámites judiciales, en lugar de resolverse en días y horas corridos, como establece la norma actual, se definan en días y horas hábiles judiciales.
"La ley (actual) contiene plazos exiguos y un acotado derecho de defensa, ya que dispone que todos los días se computarán como hábiles y las horas corridas. La iniciativa es para modificar el cómputo de plazos vigente en resguardo del debido proceso y derecho de defensa en juicio, sin afectar aquellos casos en lo que la urgencia justifique la habilitación de días y horas inhábiles", argumentó Gassenbauer.
El proyecto del oficialismo también apunta cambiar al régimen de imposición de costas en estos procesos y el procedimiento en los amparos por mora. "No queremos premiar una administración remisa o reticente, pero tampoco que se constituya en un mecanismo unilateral de devengamiento de costas", justificó el parlamentario alperovista. El proyecto, además, propone una modificación completa del artículo que regula el denominado "Amparo por Mora de la Administración" y su régimen de costas.
Según el republicano Ricardo Bussi, quien firmó un despacho en minoría por el rechazo y archivo del proyecto, esta medida dificultaría aún más la posibilidad de los ciudadanos de pleitear contra el Estado. Bussi resaltó que los procesos de Hábeas Corpus y de Amparo, tienen un régimen especial que debe asegurar su carácter absolutamente expedito, debido a la naturaleza de lo que se encuentra en litigio. "Es por ello que el computo de los plazos debe ser en días y horas corridos, como lo fue desde un principio y como originalmente se pensó ya que esta es una manera objetiva de apurar los procesos de amparo, que son tan lentos que casi han perdido el carácter de acción expedita y rápida como dice la Constitución Nacional y Provincial, lo que el Estado debe procurar es la rápida solución del conflicto, y no su comodidad", argumentó. Según consideró el parlamentario republicano, "al modificar de esta manera el computo de los plazos se están ordinarizando los procesos especiales, generando procesos mas lentos siendo cada vez mas difícil pleitear contra el Estado".
A su turno, José Manuel Páez (Democracia Cristiana) anticipó su rechazo al proyecto del oficialismo porque "desnaturaliza las instituciones del Amparo y el Hábeas Corpus, ya que le arrebata el principio de la rapidez al sustituir la obligatoriedad de contar a todos los días corridos como días hábiles por el conteo como días hábiles judiciales", expresó.
Páez advirtió que el proyecto oficialista sustituye el principio de la dirección del Tribunal de oficio del proceso una vez iniciado el proceso, por la consagración del principio de la impulsión de las partes, y asimismo la aplicación de las costas por su orden, en los casos de amparo cuando la administración dicta las medidas requeridas antes de responder el informe. "En caso de aprobarse la iniciativa se privaría a la ciudadanía de un mecanismo ágil, rápido y efectivo para la defensa de sus derechos, establecido en el Artículo 43 de la Constitución Nacional, garantizado en la Constitución Provincial y expuesto en el Código Procesal Constitucional. En particular generará serios problemas en el trámite del Hábeas Corpus, perdiendo vigencia práctica y eficacia", concluyó.
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En la sesión, además, se aprobarán los pliegos de dos postulantes a cubrir vacantes judiciales propuestos por el PE. Se trata de Washington Héctor Navarro, para cubrir la Fiscal de la IVª Nominación, y de Rodolfo Marcelo Movsovich, para la Sala IIIª de la Cámara de Apelaciones, ambos en los Tribunales de la Capital. También se analizará un proyecto para expropiar un inmueble en San Felipe, para ampliar la estación de transferencia de residuos sólidos urbanos; y se autorizará una prórroga, hasta el 30 de mayo de 2013, de la emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución troncal.


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