La Cámara de la Construcción de Córdoba inició un relevamiento entre sus empresas asociadas para determinar la deuda que el Gobierno provincial mantiene con las compañías. Mediante correo electrónico, la entidad envió una planilla para recabar datos clave a fin de hacer un balance exacto de cómo es la situación de las contratistas del Estado cordobés.

En la comunicación se plantea que, “dada la falta prácticamente total de pago de los certificados de obra y redeterminación de precios por parte de las distintas reparticiones provinciales”, la Cámara resolvió hacer este sondeo para “continuar con las gestiones que se están realizando a distintos niveles para la regularización de esta situación, tanto en lo inmediato como en los meses posteriores”.

Entre los datos que se requieren figuran, por ejemplo, la obra en la que trabaja (o lo hizo) la empresa, los certificados adeudados (con fecha y número), los conceptos que se deben hasta el 31 de enero y si hay redeterminaciones presentadas y no aprobadas. En el envío la Cámara adelanta que el relevamiento se inicia con la Provincia, pero que se hará lo mismo para los municipios.

Al cierre de 2011 se estimó que la deuda provincial con las contratistas de obra pública sumaba unos 500 millones de pesos. Hace unos días se informó que el Gobierno cancelaría unos 60 millones en un intento por regularizar los pagos entre este mes y el próximo. El adelanto surgió después de una reunión de las autoridades de la Cámara con el ministro de Infraestructura, Hugo Testa, y con su par de Inversión y Financiamiento, Héctor Paglia. En los encuentros, además, se avanzó en un esquema de trabajo para este año.

La Provincia está complicada para hacer las cancelaciones porque la Nación no le gira los montos correspondientes a obras viales y viviendas, que suman unos 600 millones de pesos. De hecho, ese dinero se suma al adeudado por el gobierno central por la Caja de Jubilaciones, lo que conforma un global de alrededor de 1.800 millones. El gobernador José Manuel de la Sota, en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Unicameral, descartó ir a la Justicia para presionar por el pago. “Tengamos un poquito de paciencia”, sostuvo.

Para las empresas es complicado tener paciencia porque llevan varios meses acumulados y también tienen compromisos asumidos. El período sin pagos es uno de los más largos de los últimos años, admiten en la Cámara, cuyas empresas tienen en claro que el ritmo frenético de trabajo preelectoral no volverá por un tiempo.

Los pagos que comenzaría a ejecutar la Provincia en estos días

-según lo acordado en la reunión- se relacionan con certificaciones de 2011 hasta setiembre y corresponden a arreglos de escuelas, trabajos viales, obras hídricas y de saneamiento. Unas 50 empresas son las que recibirían el dinero en esta primera etapa. Como los municipios también tienen deudas -por supuesto, no en la misma magnitud que la Provincia- la Cámara también realizará un relevamiento para ponerle número a las acreencias.