Desde la Cámara Federal de Apelaciones de Salta se resolvió rechazar "enérgicamente", los hechos que se suscitaron en el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, el 7 de marzo pasado, cuando una manifestación fue a pedir la activación de causas que investigan delitos de lesa humanidad, además de solicitar la fecha de la declaración indagatoria de Carlos Pedro Blaquier.
Las informaciones sostienen que la toma del edificio fue por más de dos horas hasta que el juez recibió a representantes de la manifestación, entre los que se sostuvo había "abogados matriculados, quienes exteriorizaron su interés en conocer la marcha de causas judiciales en las que se investigan violaciones a los derechos humanos en esa provincia, exigiendo además que se les precise la fecha". Solicitaron además de la fecha en la cual se preveía indagar a Blaquier, que tras ello se disponga su condena.
Hace más de una semana, los organismos habían enviado un comunicado indicando que repudiaban "las arteras maniobras del juez subrogante Carlos Olivera Pastor quien demora sistemáticamente el llamado a declaración indagatoria al mayor cómplice de la dictadura genocida que hubo en Jujuy, como es Carlos Pedro Blaquier, uno de los responsables civiles de la Noche del Apagón.
Blaquier, fue recibido como amigo por el ex ministro de facto José Alfredo Martínez de Hoz, cómplice de la dictadura y ahora detenido por delitos económicos".
De allí que se había convocado a una marcha a los Tribunales, en la que se generaron los hechos que, a entender de los camaristas salteños Renato Rabbi-Baldi, Roberto Loutayf Ranea, Jorge Luis Villada, "revela una gravedad singular, lo que genera en esta Cámara una enorme preocupación y la paralela necesidad de rechazar tales hechos de violencia que no se condicen con la paz social; con la pacífica convivencia democrática y con el respeto debido a las instituciones de la República y a sus ciudadanos, al pretender en forma indebida influir en cuanto concierne al ámbito del Poder Judicial en decisiones sobre causas concretas, lo que afecta su independencia y resulta intolerable en un estado de derecho".


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