Esto podría suceder el próximo jueves 22 de marzo, momento que se desarrolle la segunda sesión ordinaria del año, siempre y cuando ingrese el proyecto del Poder Ejecutivo antes del miércoles 21.

El gobernador Daniel Peralta y su colega Martín Buzzi, anunciaron el miércoles la medida adoptada en conjunto, que modificará la relación con las petroleras en el marco del fuerte posicionamiento que asumió la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), de la cual Buzzi es su titular.

De esta manera, el decreto de reversión de las áreas petroleras “Los Monos”, “Cerro Guadal Noreste y Cerro Piedras”, en el golfo San Jorge y cuya nueva adjudicación se hará asociada a la empresa estatal Fomento Minero Santa Cruz (Fomicruz), deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Le sacaría todo- Por su parte, el jefe del bloque oficialista, Rubén Contreras (FVS), manifestó en las últimas horas que los fondos que percibe Santa Cruz por regalías "se habrían duplicado si YPF hiciera las inversiones correspondientes".

"Yo le sacaría todo", dijo el Legislador, y apuntó al "abandono total" de pozos en los que "no se realizan siquiera tareas de mantenimiento de las instalaciones", por lo que "pozo que no funciona, se para", situación que en las áreas revertidas afecta "la gran mayoría" de las torres petroleras.

Contreras aseveró que "no hay inversión en baterías, oleoductos, recuperación secundaria" y otros aspectos de la producción.

Además cuestionó la falta de inversiones de YPF en "áreas más importantes", y consideró que la participación de la provincia en las nuevas adjudicaciones debería ser "de, por lo menos, un 25 o un 30% en la explotación".

El decreto del Ejecutivo "será tratado a la brevedad" en cuanto llegue a la Legislatura provincial, dijo Contreras, y estimó que eso será "en los próximos días".

Corren riesgo otras 22 áreas

Cabe recordar que la provincia tiene otras 22 áreas intimadas, plazos que comenzaron a correr a partir del lunes 12 cuando YPF tomó vista del expediente enviado. A partir de entonces cuenta con 10 días hábiles para responder el pedido de explicaciones que le hizo Santa Cruz por la supuesta desinversión.

La intimación la hizo la semana pasada el Gobierno a través de Fiscalía de Estado y de no convencer las respuestas, nuevamente el Estado provincial podría proceder a declarar la caducidad de las mismas, girárselas a FOMICRUZ y volver a licitarlas.