El presidente de la Cámara de Comercio, Alejandro Salafia, anunció ayer a los medios locales que la entidad empresaria presentó en el Juzgado Federal de San Rafael un recurso de amparo contra el decreto presidencial que prorroga los beneficios de la Promoción Industrial a provincias vecinas.

El objetivo de la medida es frenar la prórroga, al considerar que seguirá perjudicando a San Rafael, como viene sucediendo en los últimos treinta años.

Según informó Salafia, la decisión de recurrir a la Justicia se tomó el viernes, encargando esa tarea al asesor legal de la Cámara, Pablo Calleja, que dejó terminado el recurso el lunes, cuando finalmente llegó al edificio judicial de San Lorenzo y Barcala.

"La medida más contundente e incisiva iba a ser el recurso de amparo", subrayó el titular de la Cámara, quien además se encargó de aclarar que este amparo presentado no se trata de una superposición de las acciones judiciales iniciadas por el gobierno provincial en conjunto con la Fiscalía de Estado, ya que se presenta en otro ámbito de la Justicia, recordando que la provincia recurrió a la Corte Suprema y negando una ruptura de vínculo con el gobierno de Celso Jaque.

Asimismo manifestó que con la presentación realizada en el ámbito judicial local, "tendremos una respuesta mucho más rápida, ya sea afirmativa o no".

Además, el empresario explicó que "la medida apunta a frenar la vigencia del decreto y su puesta en marcha, y de esa forma podremos discutir la inconstitucionalidad del mismo".

Agregó que también "permitiría otra situación, que es que los actores involucrados en la negociación, como el gobierno y los legisladores, puedan emprender las negociaciones pertinentes para eventualmente poder derogar la normativa y si es posible reemplazar esta promoción por otro tipo de medida que no tenga carácter regional, sino una promoción por actividad", e insistió -una y otra vez- que "la intención de la cámara es una cuestión de fondo que es atacar el decreto".

Contenido e intención

del recurso

Con el aval del directorio de la Cámara, el abogado Pablo Calleja expresó en el amparo judicial que "lo estipulado por el régimen de Promoción Industrial originalmente establecido por Ley 22.021 (para la provincia de la Rioja), y luego extendido por Ley 22.072 (a las provincias de San Luis y Catamarca) y por Ley 22.973 (a la provincia de San Juan) requiere de una acción de esta naturaleza para poner en foco una situación que debe terminar en el año 2012, para que las empresas sanrafaelinas puedan empezar a competir en igualdad de condiciones de una buena vez".

También, en otro de los puntos que da cuenta de la importancia de la acción, la Cámara dijo que "con esta acción se refuerza la estrategia del gobierno provincial", dejando en claro -en la conferencia- que el gobernador compartió la decisión de la entidad sanrafaelina.

"Se considera que la acción judicial es fundamental para discutir con el Poder Ejecutivo Nacional en igualdad de condiciones y por lo tanto, sumar una acción alternativa a la presentación del Ejecutivo Provincial aporta elementos de negociación", justificaron los integrantes de la entidad en un comunicado entregado junto un escrito con los perjuicios que causa la Promoción para aquellas empresas que no cuentan con el régimen.