Los legisladores sesionarán hoy para debatir el proyecto de Alperovich que apunta al cierre definitivo de los locales en los que se ejerce la prostitución. Polémica respecto al organismo que se encargará de luchar contra la Trata de Personas y de asistir a las víctimas de la explotación sexual tras la clausura de los prostíbulos.
Con el objetivo de combatir la Trata de Personas, que viene ocupando un lugar preponderante en la agenda política e institucional del país a partir del juicio por la desaparición de Marita Verón, el proyecto establece el cierre definitivo de los locales en los que se ejerce la prostitución y podría terminar de hundir en la marginalidad a una actividad que ya es marginal.
Es que en la provincia de Córdoba, donde ya rige una ley en ese sentido, fueron más los inconvenientes que los beneficios los generados con su implementación, puesto que las prostitutas terminaron volcándose masivamente a las calles. Además, en la provincia mediterránea los departamentos y casas particulares, que escapan a cualquier tipo de control por parte del Estado, terminaron reemplazando a los locales que todo el mundo, incluidas las autoridades, ya tenía identificados como prostíbulos y que fueron cerrados.
El proyecto
La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello", según señala el texto. El artículo segundo del proyecto indica que ni bien la norma cobre rigor, se procederá a la inmediata "clausura y cierre definitivo de los locales" mencionados. También establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria". Además, aclara que cuando éstas personas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la Trata de Personas y recibirán protección y contención por parte del Ministerio de Desarrollo Social, mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
La iniciativa alperovista establece penas de hasta 60 días de arresto, sin posibilidad de ser subsanadas mediante el pago de multas, para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena.
Comisión o ente autárquico
El proyecto de Alperovich prevé la creación de un "Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria.
En esto difiere el proyecto de Alperovich al que impulsó "La Cámpora", a través del legislador Jesús Salím, puesto que desde la agrupación pretendían que se cree un Ente Autárquico para que se ocupe de la atención de las víctimas de este flagelo.
Esta medida inclusive había sido consensuada con la "Fundación María de los Angeles", que preside Susana Trimarco, madre de la joven secuestrada hace 10 años por una red dedicada a la Trata de Personas.
La "mujer coraje", como se la conoce desde hace tiempo por su lucha incansable contra la explotación sexual, se reunió con el Gobernador y le sugirió, justamente, que en lugar de una comisión se disponga la puesta en marcha de un ente autárquico
"Podemos decir cuáles serán las necesidades y problemas que se van a plantear con el cierre de los prostíbulos, y cómo se podrían resolver", señaló Trimarco y destacó que "el gobernador es una persona que sabe escuchar y trabajar y por eso va a hacer las cosas bien".
Entre otros puntos, la madre de Marita propone que los servicios del equipo de profesionales de la Fundación se sumen a la iniciativa oficial. "Es la institución adecuada para intervenir porque nos están llamando de todo el país para trabajar y estamos a punto de firmar convenios con algunas de ellas", señaló. Trimarco también advirtió que "la temática es compleja" y explicó que "si se saca una ley de cierre de prostíbulos habrá muchas otros aspectos en las que se deberá trabajar".
En ese sentido, el abogado de la Fundación, Carlos Garmendia, destacó que acordaron con Alperovich que "una vez aprobada la ley vamos a colaborar con su reglamentación, volcando nuestra experiencia en el tema".
Otros temas
En la sesión prevista para este miércoles, a partir de las 9.00, la Legislatura también aprobará la instrumentación de una nueva moratoria tributaria para el pago de impuestos vencidos y exigidos al 29 de junio último, que entrará en vigencia a partir de septiembre próximo.
Además, se tratará el pliego del abogado Diego López Ávila, propuesto para ocupar el cargo de fiscal de instrucción penal en la Capital; y se sancionará la la adhesión de la provincia a la Ley Nacional que regula los Consorcios de Cooperación.


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