Por Carlos Burgueño.

En silencio, pero con atención extrema, el único sector del mundo financiero internacional donde el país se mantiene aún en default, mira con detenimiento la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario. Se trata del Club de París, con el que el organismo mantiene una situación de irregularidad desde junio de este año, y que espera con cada vez menos paciencia el desenlace de las negociaciones con la gente que dirige Kristalina Georgieva para comenzar a resolver la situación con la Argentina. Siguiendo los tiempos que se imponen con la velocidad de las discusiones con el FMI, recién desde abril o mayo el país estaría en condiciones de abrir las negociaciones con este otro organismo, con lo cual se corre el riesgo de caer en la necesidad de pedir una nueva prórroga para no liquidar vencimientos en tiempo y forma. Se extendería así el default a un plazo récord con el que se considera el organismo financiero internacional más prestigioso a nivel mundial.

El problema es que la espera, manteniendo el default, hace que el riesgo-país se sostenga no menos de 200/ 300 puntos por arriba de lo que podría esperarse, y que cualquier crédito, tanto público como privado, se encarezca y se mantenga en dos dígitos. Así, mantener el saldo impago es una herida abierta para las posibilidades de obtener financiamiento de bancos europeos para las empresas de ese bloque, o argentinas, que quieran invertir en el país con fondos de ese origen. Más por los antecedentes de Argentina como incumplidor compulsivo para los cánones europeos.

El default que se sostiene desde el viernes 5 de junio de 2020 es un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia moderna del país con la entidad; y luego de haber dejado de pagar los compromisos en 2001 tras la declaración de default generalizado de Adolfo Rodríguez Saá del 22 de diciembre de ese año. Finalmente, y bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo y ambicioso plan de pagos. En aquellos días, Argentina soñaba con volver a los mercados internacionales, y buscaba una alternativa cerrando el default directo con este grupo de países. Sin embargo, en mayo de 2019 volvió a incumplir, ya con el Mauricio Macri en el poder, al no liquidar la totalidad de un vencimiento a la espera de mejores vientos financieros en 2019. Estos nunca llegaron, y finalmente el Gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro de Economía oficializaron la situación el 5 de mayo de este año. Ese día Argentina el país directamente dejó vencer la anteúltima cuota; y, un mes después (pasados los 30 días hábiles reglamentarios) se oficializó el default. Se deberían haber girado unos u$s2.102 millones, correspondientes al pago final del acuerdo que había negociado Kicillof como ministro de Cristina de Kirchner, cerrando, en ese momento, el penúltimo foco de deuda impago que mantenía el país desde fines de 2001. Sólo restaba terminar con el juicio con los fondos buitre, que recién se cerró en abril de 2016 con Prat Gay como ministro.

El organismo ya sabía desde febrero de este año que Argentina no cumpliría con el compromiso. El 5 de ese mes Guzmán declaró desde Roma, con el papa Francisco y la titular del FMI como testigos directos, que “la Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, y eso no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación”. Guzmán se quejaba ese día abiertamente por las condiciones del acuerdo que había negociado Kicillof en mayo de 2014, cuando por una deuda de unos u$s9.700 millones, el Club de París le aplicaba una tasa de interés de 9% para el nuevo plan de pagos, un nivel considerado muy elevado contra el 4% de promedio para créditos de países emergentes en aquellos tiempos. Esa tasa de interés se aplicó en realidad desde mayo de 2019. Decidió en su momento Macri, con Nicolás Dujovne como ministro, no pagar aquel vencimiento, y ahorrar unos u$s1.900 millones, dinero clave para sostener el plan cambiario en momentos de corridas.