Closs opinó que el Estado “no se puede hacer cargo de todo lo que funciona mal." Giménez Sáenz, quien trasladó su operación a Salta, se niega a pagar las indemnizaciones y los 5 meses de salarios adeudados.

El gobernador Maurice Closs mostró su sensibilidad con las 35 familias de los trabajadores del frigorífico El Zaimán, quienes no perciben sus salarios desde hace cinco meses, mientras que el empresario dueño de la firma Levy Giménez Sáenz, trasladó sus operaciones a Salta y logró que la justicia provincial ordene la incautación de los vehículos de la firma, que se encontraban en el predio de la fábrica. El gobernador declaró públicamente que la protesta que llevan adelante los trabajadores cortando la ruta nacional 12, es un “delito”, añadiendo que el Estado provincial no puede intervenir en un conflicto privado entre partes.

Los trabajadores decidieron volver al corte de ruta el lunes, tras la decisión judicial de incautar los camiones de la empresa, que eran el único reaseguro que tenían los empleados, para cobrar sus sueldos. Piden la intervención del gobierno para expropiar la fábrica, pero el gobernador Closs se encargó de dejar en claro que no tomará esa decisión porque, a su juicio, el Estado "no se puede hacer cargo de todo lo que funciona mal, porque lo que funciona mal es algo viejo o ha quedado obsoleto. Lo que se debe buscar es reubicarlos a los trabajadores de una forma que puedan acceder a un trabajo digno", expresó.

Closs describió la medida de fuerza de los desesperados trabajadores como un “delito” y destacó que el gobierno los ayuda con alimentos y con la gestión del programa nacional Repro. Los obreros sostienen, por su parte, reciben alimentos de la CGT – Misiones y del Ministerio de Trabajo Nacional y que han agotado todas las instancias judiciales para lograr destrabar el conflicto, y por eso deben recurrir a la acción directa que complica la circulación de automovilistas.

De acuerdo con la versión de un medio radial local, el subsecretario de seguridad Julio Lensken y el subsecretario de trabajo Jorge Valenzuela, en representación de los ministros Jorge Franco (Gobierno) y Claudia Gauto (Trabajo), buscan alternativas para destrabar el conflicto y estudian la propuesta de a CGT – Misiones, que contempla el pedido de los 35 trabajadores y sus familias, quienes quieren cobrar la indemnización de ley por despido y mantener la actividad.

En concordancia con las declaraciones del gobernador, Gauto había expresado el domingo pasado que “este es un conflicto de tipo privado en el que hay un empleador que no está pagando lo que debe y la manera en que un trabajador debe reclamar su indemnización, es en la esfera judicial. Es en ese ámbito donde se pueden pedir todas las medidas cautelares para garantizar ese derecho prioritario al cobro, conforme a la ley de contrato de trabajo”, sintetizó la funcionaria renovadora.