En la mañana de hoy se define la situación del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. A las 10, los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento se reunirán en el cuarto piso de palacio de Tribunales para analizar el descargo del funcionario y votar si sus explicaciones son suficientes o si amerita abrir proceso por las cuatro acusaciones que pesan en su contra.

El Jury de Enjuiciamiento es un tribunal de corte político. Está conformado por siete diputados, siete senadores y los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Lo legal pesa y mucho, al punto de que el funcionamiento del tribunal se apega a los postulados del derecho penal, pero la condena es la exoneración del cargo, no prisión.

El problema es la condena social que implica el proceso. Es que, en caso de que el Jury decida por mayoría abrir el proceso a De Rosas, se abre una instancia similar a la del juicio oral y público, con el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, como acusador y con el desfile de testimonios en los que se ventilarán detalles de los causas por las que se lo acusa.

El problema es que durante 30 días se hablará de dos negocios (inmobiliario y juego) del grupo Vila-Manzano, en los que el Fiscal de Estado, se supone, ha intervenido beneficiándolo. Para colmo, habrá que ver si ese proceso no implica alguna consecuencia en la marcha de esos negocios.

Por eso es que el nerviosismo reinante en la jornada de ayer era evidente. Llamados y pequeñas reuniones dominaban el escenario político, particularmente entre los legisladores del PJ quienes, durante la mañana, prometían juntarse en algún lugar de la ciudad para definir una postura única.

En el mismo trámite estaban los del PD. En algún momento de la jornada se reunirían para fijar postura partidaria. La UCR parece tener la definición tomada hace tiempo ya.

De la conformación original habrá algunas modificaciones. De los supremos, sólo estarán Pedro Llorente, Herman Salvini y Mario Adaro. Del resto hay situaciones diferentes: Alejandro Pérez Hualde está de licencia y será remplazado por María Silvina Ábalos; Jorge Nanclares, Carlos Böhm y Fernando Romano son los miembros de la Sala 1 de la Corte que emitió el fallo lapidario contra De Rosas en el caso de la expropiación de las tierras de Divisadero Largo (caso que es parte de la acusación contra el fiscal), por lo que se considera que han preopinado y se excusaron. Estos tres nombres serán remplazados por Silvina Furlotti, Horacio Gianella y Gustavo Colotto, respectivamente.

Problema en ciernes es la designación de Ábalos en remplazo de Pérez Hualde. Es que la camarista fue notificada de su participación en el Jury en la mañana de ayer. A no ser que haya habido una instancia informal previa, la magistrada deberá estudiar la acusación y la defensa y todo en 24 horas.

Los diputados que fueron notificados ayer son: Luis Francisco y Carlos Bianchinelli del PJ; Néstor Parés, Néstor Guizzardi y Luis Petri del radicalismo; Silvia Ramos del Eje Peronista y Aldo Vinci del PD.

Los senadores son Andrés Da Rold y Fernando Simón por el PJ; Juan Carlos Jaliff y Sergio Moralejo por la UCR; Néstor Márquez por Unidad Popular, Ricardo Pettignano por el Eje Peronista y Ernesto Corvalán por el PD.

Otro que fue confirmado en la mañana de ayer es Márquez, pero el senador aseguró a Los Andes que se había procurado el expediente hacía una semana (cuando fue nombrado en el Jury en remplazo de Sergio Montes) y que desde entonces estaba estudiando, aunque (a esa hora) aún no sabía si era de la partida o no.

A los dos favores que De Rosas habría hecho a empresas del grupo Vila Manzano se suman otras dos denuncias por no defender los intereses de Mendoza: se le cuestiona no haber accionado contra la Nación por las regalías petroleras mal liquidadas (ya que se considera un valor de 42 dólares por barril y no el precio internacional que duplica ese precio largamente) y por retener el 15% de la coparticipación provincial en 2011 para fondear la Anses, ya que el año pasado ese pacto fiscal firmado hace 20 años fue prorrogado por decreto presidencial y no por ley.