Allí la magistrada definirá si acepta o no las propuestas que se realizaron para no dictar la quiebra de la empresa láctea de Valle Viejo.

Hasta ayer, prácticamente había quedado sólo una de las dos propuestas que se habían ofrecido: la de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (CAPRESCA), dado que los propios funcionarios del organismo señalaron que la firma Granja Ecológica del Sol SA no cumplió con las presentaciones en el tiempo debido y se habría tomado como desistida su oferta.

De igual manera, la decisión será de la jueza Bosch, quien hoy recibirá al administrador judicial de la COTALI, el contador Daniel Moreno Yunis (junto a sus colaboradores en ese trabajo), a los interesados y a por lo menos uno de los representantes de los trabajadores.

En diálogo con Radio Ancasti, Jorge Agüero, uno de los representantes de los trabajadores de la planta, manifestó que la gente sigue con "cierta incertidumbre" por lo que pasará con la decisión de la jueza. En el mismo sentido, reiteró el rechazo para que la firma santafesina Granja Ecológica del Sol se haga cargo de la planta, al señalar algunos "malos antecedentes" que tendría. Agüero dijo que la firma recibió de manos del Gobierno, en el año 2009, una fuerte suma de dinero para la puesta en marcha de un frigorífico para el procesamiento de carne de conejo en la localidad de Anquincila, departamento Ancasti. El emprendimiento, en la actualidad, estaría prácticamente sin funcionar.

Pese a la resistencia de los trabajadores, los representantes de la firma santafesina lograron cerrar un acuerdo con quienes aparecen como los mayores acreedores de la COTALI, que son los dueños de los tambos de la zona chacarera.

Según había adelantado el administrador judicial, Granja Ecológica había logrado acordar el pago "en efectivo" de medio millón de pesos a los tamberos, representados por Luis Herr, quien priorizó la propuesta de los santafesinos frente a la de CAPRESCA: le pagarían la deuda con un quite que rondaría el 30% y en cuotas.

La deuda total que tendría que afrontar la COTALI ascendería a unos 1,5 millones de pesos, repartidos entre unos 20 acreedores con derecho ya corroborado y que habrían presentado ya los documentos de sus créditos ante la Justicia.

La mayor porción de la deuda es de los tamberos, mientras que el resto es de empresas de servicios y proveedores de insumos para el funcionamiento de la planta.

La intervención

Las sucesivas administraciones de la planta causaron más daño que beneficios tanto para los trabajadores como para la producción en general.

El caos administrativo en el que estaba sumergida la cooperativa, precipitó la decisión de la jueza Beatriz Wagner (ya fallecida) que intervino la firma entonces administrada por la abogada Marta Moya como titular de la comisión. Mas grave aún habría sido el perjuicio originado por el contador Juan Carlos Belmonte, de la firma Ofim Red, quien bajo la promesa de aportar 300 mil pesos a la firma, se garantizó la participación en la mitad de las ganancias de la COTALI durante el lapso de 6 años. Además, cuando asumió el actual administrador judicial, Moreno Yunis, se encontró con otras "perlitas": ni recibos, ni comprobantes, ni documentos del funcionamiento de la firma láctea.

SITUACIÓN

 Los problemas de la firma láctea comenzaron hace por lo menos 7 años, cuando el consejo de administración comenzó a tener problemas para pagar los sueldos a los empleados. Entonces, se comenzó a recurrir al circuito de la usura para conseguir el dinero. Y allí se generó gran parte de la deuda.

 Diciembre de 2008 fue el peor momento. El Gobierno salió a "parchar" los huecos de una administración insostenible y por intermedio del Ministerio de Producción, pagó sueldos y aguinaldos a los empleados. Fueron 50 mil pesos para 25 empleados.

 El propio ministerio se comprometió a reactivar la firma, con el desembolso de 1,2 millones de pesos. Pero sólo se depositó la mitad, por problemas administrativos en la misma COTALI.

 En junio de 2009 se desembolsaron $181.000 para hacer funcionar la producción.

 Pero en mayo de 2010, la jueza Beatriz Wagner decidió la intervención judicial, por los desmanejos de Marta Moya y el contador Juan Carlos Belmonte. Todo terminó en un escándalo y la planta, cerrada.

 Desde entonces, Daniel Moreno Yunis efectuó un trabajo de hormiga para recomponer la situación administrativa y financiera de la empresa.

 Ahora, se produce, se vende y se distribuye sin problemas. Y se pagan los sueldos regularmente.