En el encuentro previo, se resolvió que a los trabajadores se les va a pagar durante el término de la conciliación, que no va a haber despidos, y que la empresa va a absorber a los trabajadores de Skanska y Contreras en una nueva contratista, con la excepción hecha de que la operadora va a despedir a «aquellos que sean individualizados con los destrozos del 21 de junio conforme a sus pruebas».

Por otra parte, siguen pendientes los reclamos que vienen desde el año pasado, como la cantidad de horas de viaje, el valor, la equiparación con petroleros, y el valor del presentismo, sobre lo que PAE propuso pedir la intervención de algún ente imparcial y externo que haga el análisis objetivo.

Ayer el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Gustavo Mac Karthy, opinó que «las soluciones empiezan a llegar en los últimos días sobre el cierre de la conciliación», y que «este es el tiempo donde cada parte manifiesta lo que cree que va a defender mejor a su posición, y no hay que tenerle miedo, seguir trabajando en los puntos de coincidencia».

En tanto el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, opinó que los dichos del dirigente de Dragones, Guido Dickanson, advirtiendo sobre nuevos inconvenientes a futuro «son expresiones que se dicen como presión, yo creo que estos e encamina por la vía del diálogo, por lo que hay que estar atento y no preocuparse».

La operadora PAE confirmó que hoy se sentará en la mesa de negociación buscando soluciones, y consideró que cumplió con los compromisos asumidos con la provincia desde 2007.

La empresa sostuvo en un informe que reprogramó «todo su plan de obras en Cerro Dragón», las cuales «están siendo otorgadas a contratistas de la construcción», y manifestó que asistirá a una nueva ronda de negociaciones esperando «coadyuvar en todo lo que esté a su alcance para encontrar una solución consensuada que destrabe el conflicto gremial».

Según la compañía se mantiene el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Inversiones y Extensión de la Concesión del Area Cerro Dragón, firmado en el 2007 con la provincia de Chubut. El informe fue difundido tras las críticas realizadas en la provincia al acuerdo del 2007 suscrito por la administración del ex gobernador Mario Das Neves.