Como se recordará, el incremento fue decidido por el jefe de gobierno Mauricio Macri 24 horas después de que el gobierno nacional le traspasara el control de la red de subterráneos y el Premetro, con sólo el 50% de los subsidios que hasta ahora la Casa Rosada pagaba a Metrovías para mantener congelado el precio del pasaje. Lo hizo unilateralmente, sin someter a debate el ajuste en audiencia pública, tal como lo establece la normativa local para toda actualización tarifaria de los servicios públicos sobre los que tiene jurisdicción la Ciudad, como ocurre con los taxis.

El gobierno porteño consideró que el aumento ya fue aprobado por una audiencia realizada en 1998, cuando el traspaso del subte había comenzado a ser impulsado, proceso que luego quedó trunco. Legisladores de la oposición y entidades de consumidores acudieron entonces a la Justicia para exigir la realización de la audiencia pública y, como medida cautelar, la suspensión del incremento hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

La causa está en manos del juez en lo contencioso administrativo porteño Juan Lima, que la semana pasada corrió vista del expediente a las partes y dio 48 horas a la Ciudad y a Subterráneos de Buenos Aires para presentar la documentación respaldatoria para justificar la suba de $1,10 a $2,50.

En paralelo, también en rechazo del aumento, los delegados de los trabajadores del subte liberaron los molinetes en hora pico durante la semana pasada para que los usuarios viajaran gratis en las principales estaciones de las seis líneas. La maniobra volverá a ser aplicada desde hoy, excepto -según adelantó el delegado Néstor Segovia- que la Justicia dé luz verde al aumento.

En ese sentido, había ayer gran expectativa en los equipos de Macri y en los impulsores del recurso de amparo, pues es posible que ya hoy -o, a más tardar, mañana- el juez Lima decida si suspende o no el alza, hasta definir la legitimidad de la suba del 127% u obligar a realizar audiencia pública correspondiente.

Tarifas diferenciadas

De todas maneras, estas audiencias no son vinculantes, o sea, que aunque hubiera una pluralidad de voces en contra de la suba, ese resultado no necesariamente alteraría la postura oficial. En rigor, es altamente probable que no lo haga, por lo que simplemente se demoraría la aplicación del incremento para cumplir con la formalidad del trámite.

La diferencia, explican en el Ejecutivo porteño, no puede ser cubierta por la Ciudad ya que no tiene en el presupuesto de 2012 partidas de dinero aprobadas con destino a subsidios. Además, planifican en el mediano plazo (para el segundo semestre del año) poder instrumentar subsidios ya no para Metrovías, sino para el usuario de sectores menos acomodados mediante tarifas diferenciales..