Hace días los inspectores del Gobierno de la Ciudad realizaron un operativo sobre dos talleres textiles clandestinos junto con la Dirección Nacional de Migraciones. “Falta de habilitación, matafuegos con carga vencida de 3 años, cables expuestos, salidas obstruidas e instalaciones de gas no reglamentarias, fueron algunas de las irregularidades detectadas en los talleres ilegales de la calle Varela al 1600 y Saraza al 2500”, según informó la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

En los últimos dos años, según la AGC, las clausuras ascendieron a 650 textiles por no cumplir las normas de seguridad, higiene y funcionamiento. Hasta considera el área inspectivo que en la mayoría de los talleres cerrados “las personas que allí trabajan residen en los mismos lugares junto a sus familias”.

La Fundación Alameda, por su parte, cuantifica en tres mil los talleres textiles ilegales y calcula en 30 mil personas las reducidas a la servidumbre en toda la Ciudad. El incendio del taller de la calle Luis Viale, en Caballito, evidenció el drama de la esclavitud textil. Ese 30 de abril de 2006 murieron un adulto y cinco menores que vivían reducidos a la servidumbre.

Por cálculos de la propia AGC “más de la mitad de las 550 denuncias recibidas desde el 2009, se concentran en seis barrios: Flores, Floresta, Mataderos, Parque Avellaneda y Parque Chacabuco”.

“Cada taller clandestino cerrado se traduce en dignidad y seguridad para trabajadores y en un límite a los empresarios que no pueden explotar a más empleados”, sostuvo el titular de la AGC, Javier Ibáñez, quien viene siendo cuestionado por los escándalos de corrupción de altos funcionarios del área respecto al control de boliches y geriátricos.

Las autoridades reconocen que este año en la línea 147 recibieron 300 denuncias por talleres textiles esclavos.

Desde la organización social pionera en la lucha contra el trabajo esclavo, La Alameda, se denuncia que la gestión de Mauricio Macri jamás denuncia a las marca de ropa por la Ley de Trabajo a Domicilio, que señala la responsabilidad penal y laboral del fabricante con el taller donde terceriza su producción.

La propia esposa del jefe de gobierno, Juliana Awada, empresaria textil dueña de la marca Awada, fue denuncia penalmente en dos oportunidades por la Alameda, al tercerizar la confección de prensa en talleres clandestinos. El cuñado de Macri, Daniel Awada, propietario de la marca Cheeky, también fue denunciado en una mega causa que incluye 103 marcas de ropa.

Los costureros de la Alameda fueron quienes ingresaron con cámaras ocultas a los talleres. Allí registraron las etiquetas de las marcas relacionadas al círculo intimo de Macri. A su vez declararon como testigo por la baja paga, la contratación de indocumentados, entre otros flagrantes delitos.

Hasta el secretario de Legal y Técnica porteño, Pablo Clusellas, fue involucrado con los talleres textiles esclavos. Le Coq Spotif, la marca de ropa deportiva, fue denunciada en la gestión de Jorge Telerman junto con la Defensoría del Pueblo y la Alaneda, por tercerizar con otras grandes marcas en DELOS S.A., quien hacia de intermediaria con los talleres ilegales.

En la Defensoría del Pueblo, el abogado penalista Mario Ganora, tomó cientos de testimonios a costureros quienes dieron cuenta de la instalación de un sistema neoesclavista vinculado con el tráfico de personas en su mayoría oriundas de Bolivia.

Organizaciones vecinales, como Salvar Floresta, dieron parte a la justicia porteña de 53 talleres clandestinos solo en un sector de su barrio, y en el Instituto Vacarezza, que depende de la Universidad de Buenos Aires, se han producido importantes estudios respecto al vínculo de los talleres textiles y los altos niveles de tuberculosis. Este medio en su versión gráfica publicó un estudio realizado en el Hospital Piñero que deja en evidencia un nivel de tuberculosis superior al registrado en el Chaco Impenetrable y África Subsahariana.

La Alameda especializada en el combate a las mafias de la esclavitud y la reinserción de las víctimas considera que la clave para modificar el inhumano sistema de los talleres ilegales es reformular la estructura de costo. Los fabricantes siguen destinando ínfimos montos para la confección de las prendas.

Mientras que el sindicato de los obreros textiles, SOIVA, no se preocupa por el combate a estos talleres, al punto que reprende a los delegados de fábricas registradas que se incorporan a escraches contra las marcas denunciadas.

La erradicación de las organizaciones criminales que trafican personas y luego las someten a extensas jornadas laborales es otro de los puntos a favor del ilegal sistema de producción. El caso más notorio es Alfredo Ayala. El líder de los capataces de los talleres denunciado en reiteradas oportunidades y hasta por la defensora del pueblo, Alicia Pierini.

Tras la lucha por años de los costureros organizados, respaldados por militantes e intelectuales, la Ciudad sancionó una ley por la asistencia integral a las víctimas de trata, y por otro lado el Gobierno porteño compró un predio para la conformación de un Centro Demostrativo de Indumentaria. Por la incautación judicial de maquinaria a un taller esclavista, entregada en comodato al Instituto de Tecnología Industrial (INTI), existe un Polo Textil para capacidad laboral a 200 costureros que se agrupen en cooperativa.