El Vice se reunió con legisladores de la UCR, el PD y otros bloques. Hubo preocupación por la cantidad de acciones que corresponderán a Mendoza y su valor. Asimismo, se planteó la facultad para licitar nuevas áreas y el futuro de la empresa de energía.
Guerra de resoluciones
El caso de las resoluciones de los Diputados resulta curioso. Por un lado, el oficialismo se encolumnó detrás de los camporistas Lucas Ilardo y Mariana Femenía para "declarar la adhesión de esta Honorable Cámara de la Provincia de Mendoza a la decisión llevada a cabo por el Gobierno Nacional de reivindicar la soberanía argentina sobre los recursos energéticos de nuestro territorio".
Esta adhesión se encontró con la iniciativa del Partido Demócrata, ideada por Jesús Riesco, quienes hicieron hincapié en "reafirmar la defensa de la propiedad provincial de los hidrocarburos según lo establecido en los artículos 124 de la Constitución Nacional y 1 de la Constitución de la Provincia".
Y, como colofón, quedó la iniciativa de los radicales, quienes adhirieron al texto del diputado Alejandro Limas. Allí se solicita al gobernador Francisco Pérez que se imponga, como norte, garantizar el normal abastecimiento de combustible en la provincia; auditar la capacidad de producción de naftas y gasoil de la refinería de Luján de Cuyo; rediscutir entre las provincias petroleras y la Nación la liquidación de las regalías considerando el precio del barril a valores del mercado; mantener el nivel de inversiones para evitar la caída de la producción de crudo; definir un plan de inversiones que priorice el empleo en Mendoza y que se tenga en cuenta a favor del Estado posibles reclamos ante el Ciadi en torno a los pasivos ambientales.
Estas tres resoluciones ejemplifican el humor de los tres partidos, humor que responde a las diferentes posiciones que encarna cada una de las fuerzas. El PD mantiene su abierto rechazo desde el mismo momento en que se conoció el proyecto de ley de la Presidenta de la Nación. Así lo recordó el senador Carlos Aguinaga a la salida de la reunión con el vicegobernador. "Mendoza va figurar como socia en los papeles y no va a tener ningún poder. No sirven para nada las acciones y el director. Vemos peligrar las regalías y el manejo de la política energética va a ser digitada por la Nación y obedecida por las provincias".
El radicalismo recuerda su oposición a la privatización impulsada por Carlos Menem y el PJ en los ?90, por lo que no parece ser una medida discutida desde lo ideológico. Pero hacen algunas observaciones que le fueron planteadas a Ciurca en el encuentro de ayer, con la esperanza de que el Vice se las traslade al Gobernador y se impulsen las modificaciones al proyecto de ley presidencial.
Aportes
Juan Carlos Jaliff planteó que la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, donde estarán representadas todas las provincias, plantea algunos problemas. Es que visualizan un choque de intereses entre Estados productores de petróleo y el resto. Pero, además, este Consejo más el poder que concentrará la Nación en el directorio de YPF, implica que el Gobierno nacional fijará las políticas energéticas y se preguntan a qué provincias irán las inversiones en exploración y explotación. "Es vital la fortaleza de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos)", completó el presidente del bloque radical, Armando Camerucci.
Desde la UCR se preguntan, además (en sintonía con el líder de Unidad Popular Guillermo Amstutz) cuántas acciones corresponden a Mendoza y si habrá que pagarlas. Amstutz plantea que sean consideradas como coparticipación y que lleguen sin otro cargo para la provincia.
La otra gran pregunta que los radicales trasladaron a Ciurca se refiere a las facultades que tendrá la provincia para licitar áreas petroleras nuevas.
De hecho, Mendoza está en trámite de hacerlo pero, con las amplias facultades que se reserva la Nación en el proyecto de ley que remitió al Congreso Nacional, los de la UCR se preguntan si habrá margen para concesionar las áreas a las empresas que hagan la mejor oferta, aun cuando no sea YPF. Incluso se preguntan si la empresa provincial de energía, que aún no cuenta con ley de creación, podrá asociarse a otras empresas que no sean YPF.





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