Además, el diputado Martín Ocampo acusó a los diputados de la oposición de intentar presionar a la Justicia. Este viernes el Gobierno de Mauricio Macri defendió la suba del pasaje del subte implementada tras el traspaso de la Nación a la esfera de la ciudad de Buenos Aires ante la Justicia, y ahora quedó en manos del juez Fernando Juan Lima la decisión sobre el futuro del polémico aumento.

En la presentación realizada -a la que tuvo acceso adnciudad.com- se explica: "Establecido por las partes el inicio del proceso de transferencia concreto y recuperada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad sobre el servicio de transporte subterráneo, conforme condiciones vigentes al momento resueltas entre el Estado nacional y el concesionario, a lo que se añade la decisión unilateral del Estado nacional de reducir a la mitad la compensación a la tarifa que en forma de subsidio venía abonando hasta entonces.

Y agrega: "Esta norma se formaliza ante la necesidad de redefinir el esquema de financiamiento de la tarifa para la prestación del servicio de transporte subterráneo concesionado, en virtud de la decisión unilateral adoptada por el Estado nacional de cercenar el subsidio comprometido. Y se dicta de manera fundada en legítimo ejercicio de facultades propias y en cumplimiento estricto de la legalidad".

Según el PRO "los planteos carecen de toda fundamentación por no encontrarse reunidos en el caso los extremos requeridos por la norma aplicable, ello en virtud de razones adjetivas y materiales que seguidamente se explicitan".

Asimismo, afirma: "La variación tarifaria ya estaba prevista en la audiencia pública que en 1998 para tratar la transferencia del servicio de transporte subterráneo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporada en la posterior adenda al contrato de concesión de subterráneos aprobada por Decreto Nº 393/PEN/1999. De tal suerte, en el ítem de la transferencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo ejecutó una medida que ya había sido dispuesta por una autoridad competente".

Y añade: "Lo que se altera es la fuente del ingreso, antes a cargo en parte por el Estado nacional y en parte por los usuarios y ahora mediante la nueva distribución con los mismos obligados. En otras palabras no hay variación tarifaria sino que, por decisión del Estado nacional, es la proporción que corresponde afrontar a cada sujeto obligado lo que ha cambiado (por eso hay que utilizar la palabra rebalanceo tarifario). En definitiva, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que ha hecho es aplicar algo cuya operatividad resulta de una decisión del Estado nacional como fue la de reducir el subsidio a su cargo".

Igualmente, aclara: "Aún en la hipótesis de que se considere, erradamente, que el decreto 27 del 5 de enero de 2012 materializa una decisión de incremento en rigor de la tarifa, y por ello se lo objete por no haberse convocado y verificado una audiencia pública (en los términos del artículo 13 de la Ley 210), no puede obviarse el hecho de que ese acto público sí fue realizado en su momento y dio fundamento a la determinación de un marco para la definición posterior del nivel tarifario. Marco que no se ha excedido en absoluto con el dictado del mentado decreto 27 del 5 de enero de 2012".

Además, advierte: "Una medida cautelar que suspendiera la tarifa establecida en el decreto 27/2012, producirá un impacto en la ecuación económica necesaria para el normal funcionamiento del servicio de tal magnitud que impediría en la práctica su funcionamiento redundando en contra de quienes -supuestamente- se quiere proteger, es decir de los usuario de ese medio de transporte".

"La pretensión de suspender los efectos del decreto 27/2012 y condicionar su entrada en vigencia a la celebración de una audiencia pública, implica y provoca la paralización del servicio o cuando menos su irregularidad por cuanto debería esperarse su celebración y su resultado. Todo ello no haría más que conspirar con la prestación del servicio, el cual a través del Acta Acuerdo -que goza de operatividad automática- la Ciudad ha garantizado la continuidad del mismo", agrega.

Por último, entre otras cosas, fundamenta: "Mediante la Ley 373, por la que adhirió a la Ciudad al decreto 393/99, nuestra Legislatura tomó la debida intervención habilitando la ‘realización de todos los actos necesarios para transferir la fiscalización y el control' del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos. EL acta es, precisamente, uno de esos actos. En efecto, el Acta Acuerdo es consecuencia de la ley y un paso en el camino ya dispuesto por dicha norma para concretar un proceso de transferencia inconcluso. Consecuentemente no hay un acto nuevo o extraño a la Legislatura de la Ciudad que pueda resultar violatoria a la disposición constitucional, por cuanto el Ejecutivo de la Ciudad ha actuado conforme la voluntad manifiesta en la referida Ley 373".

Ese aumento pasó a aplicarse en su totalidad a partir de este viernes 13, ya que venció el plazo de tarifa promocional con el que se benefició hasta el jueves a los usuarios de las tarjeras "SUBE" y "Monedero".

También Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), las otras dos demandadas, ratificaron la suba y pidieron que se rechacen las medidas cautelares de entidades de consumidores, legisladores porteños y el Partido Obrero para que se suspenda el aumento.

SBASE informó que "al no contar con el subsidio nacional, ni recursos de la Ciudad se inició un estudio de sensibilidad para determinar el valor que debería tener la tarifa. De los distintos escenarios posibles se observa que la tarifa que permite paliar el déficit presupuestario mencionado y sostener un nivel de inversiones mínimas para el normal funcionamiento del servicio es la de 2,50 pesos".

El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Fernando Juan Lima, tiene previsto resolver el próximo lunes si suspende o avala la suba de la tarifa. Cualquiera sea la resolución, ya sea suspender el aumento o avalarlo, es apelable a la Sala de feria de Cámara en lo contencioso, administrativo y tributario, y que se mantendrá firme hasta tanto el nuevo tribunal dictamine.

En diálogo con adnciudad.com, el titular de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Martín Ocampo (PRO), repudió las demandas realizadas por legisladores de la oposición, con respecto a la fijación de una nueva tarifa en los subtes. "Los mismos que nos pidieron que nos hiciéramos cargo del subte son los que a través de sus diputados (FPV, ibarrismo y sabbatellismo) intentan generar un problema de financiamiento en el sistema de subtes", argumentó Ocampo.

El diputado lamentó que "ciertos sectores de la oposición estén acostumbrados a ejercer presión sobre el Poder Judicial". "No es ingenuo que se hayan presentado en su carácter de diputados, más teniendo en cuenta que en la legislatura la oposición es mayoría", sentenció Ocampo.