Banderas, pancartas, campamentos, cortes de calle compulsivos sin importar horarios pico, la invasión del espacio público, discursos encendidos, ánimos en estado de ebullición y el desborde que se vuelve moneda corriente, se conjugan sin piedad para mostrar cuan lejos está nuestra provincia de encontrar el rumbo social que le devuelva el destino de grandeza que supo tener tiempo atrás.

Lamentablemente, las movilizaciones por cualquier motivo, la mayoría de ellas disfrazadas de legítima causa social, forman parte del escenario habitual, dejando a su paso unos pocos beneficiados (se los puede contar con los dedos) y una mayoritaria porción de la sociedad en estado de indefensión y temor, padeciendo situaciones perjudiciales difíciles de remontar.

La movilización que afectó ayer la normal dinámica de la Capital jujeña, con propósitos poco claros (a esta altura de los acontecimientos a pocos parece importar los motivos, sino las consecuencias), fue una pretendida muestra de poder de convocatoria y de movilización, que terminó siendo, ni más ni menos, una nueva señal de debilitamiento, producto de un desacreditado modo de intentar imponer razones, basado en la prepotencia, el amedrentamiento, el atropello y el desprecio por los derechos de los demás. Evidentemente, algo en las entrañas se está resquebrajando y hay que ganar la calle para encubrirlo. La aparición de nuevos nucleamientos sociales, ofrece indicios inequívocos de que hay gente que está dispuesta a decir basta.

Sumidas en sus intereses sectoriales, las cabezas de este movimiento permanecen indiferentes al malestar de la comunidad, que impotente tiene que soportar los bloqueos de tránsito, llegar tarde a los lugares de trabajo o dejar de vender, porque a un grupo de manifestantes se le ocurrió apropiarse de espacios públicos y privados, con la sola intención de mantener vigencia.

Después de una jornada como la de ayer, qué complejo resulta escuchar, y más aún aceptar, discursos que versan sobre turismo, despegue económico, inclusión social y desarrollo integral. Ni hablar de la valorización del casco histórico de la ciudad. Parte de ese hartazgo social se debe también a la omisión recurrente por parte de quienes tienen en sus manos, aunque evidentemente no en su conciencia, la responsabilidad de garantizar la libre circulación de personas y vehículos, el deber de disuadir a la dirigencia que dice defender los intereses del pueblo, como si trabajadores, comerciantes y gente común no fueran parte del él.

La sensación instalada es que nadie quiere tomar la decisión de llamar al orden, al respeto por la ley, al respeto por los demás y a la observancia de las reglas básicas de convivencia.