El 4 de noviembre pasado se derrumbó un edificio en la calle Bartolomé Mitre 1232, ocasionando no sólo numerosas pérdidas materiales para los habitantes del mismo sino también un caos en la zona, dado que se temió por la integridad de los inmuebles aledaños.

Mediante la Ley 4004 la Legislatura porteña dispuso la expropiación del edificio con destino a la realización de las acciones tendientes a garantizar la seguridad de las personas y bienes en dicho inmueble, sus linderos y vía pública aledaños.

Además, en su artículo 7°, facultó al Poder Ejecutivo a subrogarse en los derechos que surjan de las acciones por daños y perjuicios que correspondieren a los beneficiarios de dicha ley contra el responsable de los hechos acaecidos.

Ahora bien, con el objeto de ejercer las acciones judiciales en defensa de los derechos señalados, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmó un decreto mediante el cual se autoriza al ministro de Hacienda, Néstor Grindetti; a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y al procurador General, Julio Conte Grand, para que en forma conjunta suscriban los contratos de locación de servicios jurídicos con profesionales especializados en la materia que resulten necesarios a fin de iniciar las acciones judiciales del caso.