Una fuente ligada a la investigación confirmó que las citaciones ya fueron enviadas desde el Juzgado Federal con sede en Santa Rosa, y los implicados deberán testimoniar tras la finalización de la Feria Judicial. Además de los tres mencionados, hay otras personas relacionadas con el desarrollo de la obra, que darán explicaciones ante la fiscalía y el juez.

La investigación fue iniciada de oficio por la fiscal federal, Martha Odasso, y se apoya en el lapidario informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre la obra que hizo la empresa Jubete en Trenel. Los ocho funcionarios señalados prima facie, podrían haber incurrido en un delito de acción pública, que podría ser tipificado como de "incumplimiento de deberes de funcionario público". El informe del organismo nacional da cuenta de modificaciones en el contrato que favorecieron a Jubete y de trabajos que se cobraron y no se habrían realizado.

Sin embargo, la situación más complicada correspondería a los responsables del Ejecutivo Municipal, quienes con sus firmas avalaron pagos y certificaciones de obra que no se corresponderían con el avance que tuvo la obra. Según la fuente, entre las irregularidades encontradas la Sigen habría comprobado que se pagó casi la totalidad de la obra de pavimentación antes que se aprobara el "proyecto ejecutivo" en agosto de 2010. Y que luego se variaron nuevamente las condiciones ya que la empresa eliminó algunas tareas y aumentó otras para que fuera aumentado el monto de la obra.

La Sindicatura habría acreditado que hubo diferencias entre lo ejecutado, la certificación y la liquidación de la obra de asfaltado. Como siempre, a favor de la empresa Jubete. Las fuentes explicaron que uno de los ejemplos que se tomaron fue que Jubete cobró a comienzos de este año 500 mil pesos por más de 300 metros cuadrados que dijo haber construido, cuando en realidad había realizado unos 70 metros y le correspondía cobrar alrededor de 100 mil pesos.

Investigación.

Tras analizar el contenido completo del informe de la Sigen, la fiscal federal Martha Odasso elevó al juez federal Pedro Vicente Zabala, el pedido de indagatoria para que avance la investigación para determinar si hubo defraudación al Estado Nacional con el cobro de sobreprecios. Las citaciones ya partieron del juzgado y los implicados tienen fecha para dar su testimonio.

De acuerdo con la documentación analizada, además se dejó establecido que hubo cambios en el sistema de contratación en medio de la venta de pliegos que favoreció a la empresa que licitaba, en este caso Jubete, que fue la única interesada. Y que se aprobó posteriormente un proyecto con el que se alteraron las condiciones de contratación -otra vez a favor de la firma ganadora- y el plazo de ejecución que fue extendido a dos meses más de lo previsto.

Cuando la Justicia comenzó a requerir información a la municipalidad de Trenel, las autoridades comunales remitieron una documentación que carecía de foliatura y en forma desprolija. Se especula que fue realizada "a las apuradas" y sólo porque la reclamaron vía judicial. Ahora, el intendente Silva y sus funcionarios tendrán que explicar ante la Justicia Federal la forma en que implementaron los pagos, que fueron realizados con los fondos girados desde Nación.