La esposa del ex subcomisario Gabriel Giménez, Marina Garzón, fue citada para prestar declaración indagatoria ante el juez federal en feria Miguel Antonio Medina, el martes 17, en horas de la mañana. La mujer, que también era policía, es considerada “partícipe necesario” en el caso del escándalo de drogas que se produjo cuando su marido, otro policía y un narcotraficante fueron interceptados en la localidad de El Algarrobal, en General Gemes.
Marina Garzón era subcomisaria y se desempeñaba en Embarcación la noche en que una comisión de la Policía Ambiental interceptó al Fox Country en que se desplazaban su marido, Gabriel Giménez, y el presunto narco colombiano Francisco Marcelo Irahola Silverman. El principal Carlos Gallardo, afectado al área de Frontera, los seguía en un Fiat Uno. Al ver el operativo, Gallardo escapó pero fue detenido a unos treinta kilómetros. Giménez y Silverman lograron escapar, pero los agentes ambientales detuvieron a Luis y Carlos Javier Giménez, hermanos de Gabriel, que habían concurrido al lugar a bordo de un Bora.
La policía encontró, al día siguiente y por datos que le brindó un lugareños, dos mochilas con 52 kilos de cocaína.
Según se desprende del expediente de 1.400 folios, Marina Garzón habría dirigido el movimiento de los hermanos Giménez a través de El Algarrobal. Está imputada como participe secundario en la causa que se tramita ante el juzgado de Julio Bavio, por narcotráfico. Gabriel Giménez, Marina Garzón y Carlos Alberto Gallardo fueron exonerados por decreto en diciembre.
Apremios ilegales
El caso de los narcopolicías conmovió a la Policía y al Gobierno provincial, en parte, porque tres de los involucrados son hijos de un jefe policial de trayectoria, Gabriel Giménez, pero sobre todo porque quedó la sombra de una posible infiltración d e los carteles del narcotráfico en las fuerzas de seguridad, el fenómeno que caracteriza a la crisis de seguridad en México. Además, en el marco de la investigación, Carlos Javier Giménez denunció haber sido sometido a apremios ilegales por policías provinciales en presencia del entonces secretario de Seguridad, Aldo Saravia. El juez Julio Bavio abrió el expediente 490/11 para investigar la denuncia. El magistrado citó a declarar a varios policías, de apellidos Segura, Bejarano, Crespín, Baigorri y Cardozo, quienes tienen como defensores a los letrados policiales Victoria Mamani y Alberto De Juana. Saravia nunca fue citado a declarar y la causa no tiene resolución.
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