El intendente de General Lavalle, Guillermo Marchi, deberá presentarse a brindar declaración indagatoria ante el fiscal Juan Manuel Dávila en los primeros días de noviembre. El mandatario está acusado de los delitos de abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público a raíz de la compra y venta de unos terrenos en esa localidad, causa en la que también está involucrado quien se desempeñó como contador de la comuna, Gustavo Morales.

En mayo pasado se conoció la presentación de una denuncia en la UFI Nº 3 de los tribunales de Dolores, en la que se señala que la comuna habría vendido, en el año 2000, veinticuatro lotes a Gustavo Morales, con el objetivo de que allí se instalara una fábrica de productos alimenticios.

La operación se concretó entonces por un monto de 2.000 pesos, de los cuales el comprador abonó 200 y se comprometió a pagar el resto en un plazo de 30 días. Esta compra se hizo con la debida autorización del Concejo Deliberante que atendió al interés social que la fábrica podría traer al desarrollo de la ciudad. Sin embargo, Morales no abonó la deuda ni escrituró los terrenos ni, por supuesto, instaló la fábrica. Sí empezó a trabajar como contador de la municipalidad a partir de la asunción del actual intendente, Guillermo Marchi.

En julio del año pasado, sin autorización del HCD y sin tomar en cuenta los incumplimientos previos, Marchi escrituró los terrenos a favor de su contador, por medio del decreto 558/09, por el mismo precio de 2.000 pesos, lo que implica un valor de 83 por cada terreno. Para sumar una posible irregularidad más, el trámite no se hizo ante un escribano de la jurisdicción, sino a través de un notario de la vecina localidad de San Clemente del Tuyú.

Dudoso accionar

Enterado de los hechos, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza derogando la venta de los terrenos y exigiendo al Ejecutivo la rescisión de esa operación. Sin embargo, Marchi vetó esa ordenanza.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, dictaminó que, si se estableciera que el precio abonado por los terrenos es de una "grosera inequivalencia respecto del valor de los bienes vendidos, el acto es susceptible de ser anulado".

En cuanto a Morales, estaba citado para ser indagado el pasado martes, pero no concurrió, por lo que se espera que se le fije una nueva fecha.