Las tierras pertenecen a Carlos Romero y a otros vecinos quienes las perdieron de manos de unos 100 personas en abril del 2009, y ahora hay exactamente 462 familias instaladas.

Pese a gestiones conciliatorias de los propietarios e incluso a una mediación municipal para que la gente derive hacia el Distrito Vecinal Noreste, no hubo resultados positivos y se iniciaron las acciones judiciales de restitución.

Ayer en el predio -ubicado en calle Naciones Unidas y Circunvalación- había una asamblea y los ocupantes, constituidos en Barrio Obrero, con la dirigente Lilia Calderón entre otros, estaban resolviendo no moverse de allí y apelar ante la Cámara Civil que preside el juez Edgardo Albrieu.

En la superficie tomada hay ya casas de material, aunque la mayoría tiene como base de sus estructuras maderas y chapas. "Considero que como juez llamado a garantizar la plena vigencia del estado de derecho, y consecuentemente garantizar el pleno respeto de los derechos consagrados constitucionalmente a todos los habitantes del suelo argentino, no puedo más que disponer la inmediata restitución del inmueble a sus propietarios, que han sido objeto de la desposesión de parte de los actuales ocupantes", dice el fallo de Cabral y Vedia.

El derecho de propiedad, como los restantes derechos consagrados constitucionalmente, inclusive los sociales, no revisten el carácter de absolutos "pero no puede de manera alguna permitirse un virtual despojo del derecho de propiedad, so pretexto de no poseerse un lugar para vivir o para poder edificar su vivienda de parte de particulares", agrega el magistrado en su sentencia de primera instancia.