–¿Qué mirás? –y le disparó a un pie.

Entre eso y el robo al jardín Los Grillitos, hubo todo tipo de patoteadas por parte de “la banda de los tucumanos”, que se acrecentaron en 1995, el año de la reelección de Carlos Menem (cuya cuñada había salpicado a todo el gobierno con el Narcogate), y el primer año de Juan Mussi como ministro de Salud convocado por el otro padrino, Eduardo Duhalde.

Con semejante aval, las patotas políticas se desbocaron.

Hasta que 60 cansados vecinos juntaron firmas ante la Justicia y debió ir la Policía para una redada que –sin querer– develó una relación de la droga con el mussismo. Así quedó eternizada en Clarín del domingo 14 de enero de 1996, en páginas 10 y 11 de la segunda sección; bajo el título Un barrio contra la mafia, resumía:

En las casas señaladas del barrio Gral. Mitre, fueron encontradas armas de guerra y 25 plantas de marihuana (más de 10 es “plantación”). La madre de los Tucumanos, Sara Avila, buscó una defensa: “tenemos un hermano preso por matar a un policía (el oficial ayudante Javier del Valle). La señora Duhalde nos da el Plan Vida para que repartamos leche en el barrio”. (3ª columna, penúltimo párrafo).

En rigor, ‘Chiche’ Duhalde no podía conocer a cada una. Quien en verdad las coordinaba era la Municipalidad digitada por el entonces ministro Mussi.

Otro de los jefes de esos clanes del conurbano, Teobaldo Cabrera –con cuatro hijos detenidos– tenía su teoría de porqué no eran queridos en el barrio (4ª columna, 3º párrafo): “Son comunistas (…) Yo trabajo con Juan José Mussi el presidente del Partido Justicialista de Berazategui. Dirijo en este barrio el Plan Asoma para darle cajas de mercadería a los viejitos”, explica blandiendo una foto de Mussi.

Intervino el Juzgado Correccional 6 de Quilmes y la Secretaría 8 del Juzgado Federal 3 de La Plata.

Parecía un incidente menor pero, poco después, el gobierno comunal habría de enfrentar una crisis de gabinete tras la relación que me tocó señalar entre la política local y la droga.

El 5 de julio, relevaron a 30 policías por ayudar a bandas del narcotráfico desde la División de 14 y 138 (Berazategui) que debía reprimirlos. Filmados con cámaras ocultas, nacía el caso de “los Narcopolicías”.

Al mes siguiente, en una sesión, la concejal Irma de Gorosito fundamentó que había que adherir a la propuesta del gobernador Duhalde para cerrar los boliches bailables a las 3 AM para evitar el “flagelo de la droga”. Desde el fondo, levanté la voz: “acá la droga se va a acabar cuando el jefe de la concejal lo disponga”.

Los ediles entraron en convulsión; Gorosito pedía otra vez la palabra para responderme; el presidente del Cuerpo, Roberto Díaz, llamaba a la calma.

Me fui indignado. Días después, en entrevista para una FM local; me preguntaron si estaba loco. Dije que no tenía problema en ir a un análisis psiquiátrico siempre que Mussi se hiciera una rinoscopía.

Nunca pasaron la grabación, que quiso ser comprada por un operador político hoy encumbrado en el Concejo Deliberante.

Pero el dueño de la radio publicó en su periódico mi nombre para preguntarse si en Berazategui, además de Narcopolicías, había Narcopolíticos. Ese 2 de septiembre, me tiraron al suelo y me patearon la cabeza hasta sangrar en la simbólica puerta de la Municipalidad.

Recibí la inmediata solidaridad de mis amigos de Página/12, quienes publicaron el caso (http://albertomoya.blogspot.com/2009/08/en-pagina12. html#more).

La paliza nacionalizó el escándalo. La Intendencia se metió sola en una crisis. Carlos Infanzón reunió al gabinete para evaluar mis denuncias. Invitó a todos los concejales para informar que sometería a rinoscopía a todo su equipo, “desde el intendente para abajo”, vociferó. Así preservaba a Mussi, ministro “de Salud”.

Para fugar hacia delante, convocaron a una sesión extraordinaria para hablar de mi caso. Varios mussistas se escondieron tras el telón teatral de que "los ediles también irán a rinoscopía", que nunca hicieron. En la primera semana, el gobierno sobreactuó. En la segunda, la oposición evitó que el caso decayera. En la tercera, algunos periodistas se propusieron para ser sometidos a rinoscopía; de modo de saldar internas del gremio en los que el diario El Sol encabezó las operaciones de prensa que mentían supuestos resultados negativos en análisis a funcionarios, de los que nunca publicó nombres, y detenciones de presuntos agresores que el comisario Oscar Salinas desmintió.

Yo sí di nombres.

El primero fue el de Ruben Aicardi, secretario del Concejo. Aunque en público continuaban las negativas, en privado fue llamado desde la Intendencia para decirle que debía "solucionar su problema". No pasó mucho hasta probar la verdad.

Su casa familiar en el barrio Juan El Bueno fue allanada por el comisario Faga, a cargo de Narcotráfico en 14 y 138.

Sus policías fueron aplaudidos por los vecinos en las escaleras de los edificios continuos. Encontraron balanzas, elementos de corte y tanta droga que necesitaron horas para proceder; al punto que algunos pibes desprevenidos aparecían a comprar por la ventanita del fondo mientras los uniformados aún estaban dentro.

Las hermanas Aicardi no pudieron hacer nada, salvo un llamado. Lo que nunca se supo, hasta ahora, es que se comunicaban con el distribuidor que las proveía, desde Mar del Plata, con suficiente poder como para contratar a Fernando Burlando, caro pero el mejor abogado (poco después, a pedido del duhaldismo, defendió a los hornenses del caso Cabezas). Aun así, hubo una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión.

Una década después, ya alejado de su fuente de ingresos municipales, Ruben Aicardi prendió el ventilador. Acudió a la oposición a la que había menospreciado y, ante sus puertas cerradas, sólo halló el oído del concejal de Luis Farinello. Cuando Angel Gallese le reprochó aquella y otras palizas a periodistas, el Arrepentido pidió hablar conmigo. Tenía denuncias mucho más fuertes.

Fue la segunda gran crisis de la que también participó el periódico Realidad, que publicó las denuncias y cuyo director detalló el caso ante la TV nacional.

En ese mismo 2005, hubo otro caso de drogas ligado al mussismo. Fue cuando el concejal Juan Tévez recibió un allanamiento de fuerzas federales que buscaban sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias en su casa, donde funcionaba una radio ilegal y El Patio de Tévez, una bailanta trucha.

La información me fue confirmada en persona por el secretario de Juzgado, a quien entrevisté en exclusiva para FM La Guillotina, junto al director de Realidad.

No todas las relaciones que se establecieron entre el mussismo y los narcos son ciertas. En 1998, cuando el comisario Ernesto Lamardo fue eyectado de la seccional cabecera del distrito, políticos y periodistas rumorearon que se debía a la detención de un puntero en cuyo auto llevaba drogas, hombre por el que el mussismo había pedido su liberación. “No hacer lugar a la llamada selló el destino de Lamardo”, deslizaban.

Sin embargo, el propio Lamardo me lo desmintió luego de la exclusiva que nos dio en el medio del campo, por Pergamino –su nuevo destino– donde fuimos con otro operador de radio. Y no tenía porqué mentir. ¿No?