Por lo menos cinco de los veintidós imputados en el juicio de La Escuelita II están dispuestos a ampliar sus declaraciones indagatorias entre hoy y mañana. Cuestionar la instrucción llevada adelante por el entonces juez Guillermo Labate, negar la existencia de un centro clandestino de detención en la comisaría de Cipolletti y echar por tierra que todas las fuerzas obedecieran al Ejército son algunas de las posturas que ellos esbozarán.

Hasta el momento está confirmado que harán uso de la palabra el ex jefe de la Comisaría Nº 24 de Cipolletti, Antonio Camarelli; el ex militar acusado de intervenir esa comisaría, Gustavo Vitón; los ex oficiales de la policía rionegrina Miguel Ángel Quiñones y Oscar Dal Magro; el retirado de la gendarmería Emilio Sacchitella, y los defensores oficiales analizaban también la posibilidad de que hablara Osvaldo Laurella Crippa, militar que estuvo a cargo de la Policía de Neuquén.

El abogado Rodolfo Ponce de León, defensor de Del Magro, aseguró que su defendido manifestará “la brutalidad” de la instrucción que realizó Labate. “Él quedó realmente muy impresionado con la recepción que le hizo ese juez, que lo recibió como si fuera un comisario de la Gestapo”, aseguró.

Ponce de León adelantó además que Del Magro asegurará que el hecho que se le imputa “nunca existió”.

“Los que acompañan a Raúl Sotto por esta especie de torturas policiales, Oscar Contreras y los hermanos Pailos, nunca lo mencionaron a Del Magro. El único es Sotto”, destacó el abogado.

Inconformidad

Como adelanto de su alegato, el defensor aseguró: “No estoy muy contento con el Ministerio Público ni con las querellas, me parece que fueron bastante frívolos”.

“Todas las observaciones que le hicieron a la defensa fueron de forma. En el caso de mi defendido no aportaron ni un elemento para probar su culpabilidad. Sobre eso no trabajaron, me da la sensación que en muchos casos los anima una represión al revés, vamos a reprimir a los represores”, consideró Ponce de León.

Además, el abogado aseveró que en “ningún documento de ninguna organización de derechos humanos del país la comisaría de Cipolletti aparece como centro clandestino de detención”. “Aparece porque lo inventa Labate en su campaña por ser miembro al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por eso entre otras cosas no hay nadie de la Federal ni nadie de la Policía de Neuquén. Parece que eran todos buenos, que los malos estaban del otro lado del puente”, denunció.

En tanto, el defensor de Vitón, Hernán Corigliano, adelantó que el ex militar va a ampliar detalles sobre la llamada sub área de Cipolletti que asegura “nunca existió”.

“Las divisiones estaban establecidas reglamentariamente, esa sub área que dicen que tenía asiento en la Comisaría de Cipolletti no existió. Hay un solo documento que dice que Vitón quedó a cargo, pero también muchos de los testigos dijeron que él permaneció alrededor de un mes y medio, y entonces ¿Qué representante del Ejército quedó luego a cargo? Nadie, porque no existía”, expresó Corigliano.

Además, el ex militar, según su defensor, ampliará sobre sus funciones a cargo de la compañía de construcciones que realizaba “cordones cuneta”, de su postura en contra del golpe de Estado y su pertenencia al grupo de los Treinta y Tres Orientales.

Corigliano comentó además que Vitón confirmará que recuerda cuando se cruzó en la comisaría de Cipolletti con la víctima Pedro Justo Rodríguez, que más tarde estuvo detenido junto a su hermano.

En cuanto a su alegato, el defensor adelantó que hay “un error voluntario que cometen en cuanto al concepto del control operacional de las fuerzas armadas de seguridad”. “Eso no significaba que cualquier uniformado del Ejército pasaba y le daba órdenes a representantes de otras fuerzas, y este las cumplía. La Policía siguió manteniendo sus escalas”, afirmó.

Por su parte, Gerardo Ibáñez, defensor de Enrique Olea, informó que si bien su defendido no hará uso de la palabra, en esta instancia sí lo podría hacer cuando el tribunal dé tiempo para las llamadas palabras finales.

Alegato

En cuanto a un adelanto de lo que será su alegato, el defensor consideró que “este juicio tiene una parte que es exactamente igual al anterior, con la diferencia de que cambiaron el nombre de las víctimas”. “Le atribuyen a Olea la participación criminal, y consiste en haber reparado el lugar que después fue utilizado como centro de detención y el haberle dado alimentos y alojamiento al personal que había actuando en ese lugar. Eso reitera lo del juicio anterior, por lo que cuestionamos mucho que sea el mismo tribunal que juzgue los mismos casos”, aseveró.

“Sí hay otro aspecto que es novedoso en este proceso, que es lo ocurrido en Cipolletti donde, a mi juicio, hay grandes contradicciones que también quedaron a la vista en el trabajo de la periodista Alicia Miller y que yo voy a explicar en el alegato”, comentó.

El abogado adelantó que sostendrá una “total desconexión de Olea y del personal a su cargo con todo lo que aconteció en la U9, en la sede de la Policía Federal y con los traslados a la cárcel de Rawson”. “Si bien Olea era el jefe de área, la particularidad era que la jefatura de área se daba donde estaba un comando superior a cargo del general José Sexton”, afirmó.

Ibáñez informó además que dedicará varios minutos de su alocución a explicar por qué “estos delitos están prescriptos y por qué no pueden ser encuadrados dentro de lesa de humanidad”.