Según dicho informe, el 50 por ciento de las causas que motivan la intervención del servicio de protección y promoción de derechos están vinculados con la violencia, entendida en todas sus formas. Por otra parte, la Procuración General bonaerense apunta que de cada diez chicos que se internaban en aquel momento, hoy se internan dos.

El Reuna, es una herramienta que funciona desde 2009 y ya cuenta con 30 mil legajos digitales únicos. A partir de los datos allí recabados es posible construir y reconstruir el mapa sobre la situación en la que se encuentran niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

Según el registro, la mayoría de los casos de violencia detectados tienen que ver con la violencia intrafamiliar perpetrada por la pareja de la mujer que no es el padre sanguíneo de los niños.

Ese contexto, da lugar a todo tipo de situaciones: abuso sexual, maltrato físico o psicológico y negligencia en términos de descuido, la falta de acompañamiento a los hijos y abandono.

Los datos estadísticos son públicos y pueden ser verificados por funcionarios e instituciones, porque el registro evita que haya legajos duplicados, permite tener una georeferencia de todos los chicos con los que interviene el programa de protección de niños, niñas y adolescentes y agiliza la interacción entre escuelas, organismos de salud y otras organizaciones.

En ese sentido, también da la posibilidad de identificar situaciones que requieren de una intervención y fijar política pública, adecuando los programas a la realidad, como ocurre con los operadores de calle, un programa que consiste en ir en busca del conflicto y evita la espera de la demanda.

El próximo paso a concretar es la municipalización del registro, por lo que cada distrito deberá cargar las intervenciones que realice, de manera de tener mayores y mejores controles, según el subsecretario de Niñez y Adolescencia, Sebastián Gastelú. La idea es “articular políticas públicas” entre la provincia y los municipios. El eje del trabajo del organismo apunta a atender los casos de violencia intrafamiliar.

“Bs. As. A TENER EN CUENTA”

Asimismo, varios expertos coinciden en que la provincia de Buenos Aires es un ejemplo a ser tenido en cuenta. “Con una ley propia (la 13.298) en vigencia desde 2007 –a pesar de que su sanción fue previa a la ley nacional–, el sistema provincial promueve la desconcentración de las acciones de promoción, protección y restablecimiento de derechos de los menores al ámbito municipal, e incluye una activa participación de organizaciones no gubernamentales”, explica Sebastián Gastelu. El sistema contempla, en total, 12.500 plazas ante situaciones que requieren tratamientos específicos, medidas de protección especial y de abrigo, repartidas en 680 instituciones, entre ONGs, entidades privadas y los 17 hogares oficiales provinciales.