La Ciénaga: Romero es el único acusado que declarará sólo "voluntariamente"

El ex gobernador de la Provincia y actual senador nacional justicialista, Juan Carlos Romero, sólo declararía en forma voluntaria en la instrucción de la causa en la que está imputado como autor mediato del delito de peculado por la venta de las 90 hectáreas del programa Familia Propietaria, que tras varios traspasos terminaron en 2009 en propiedad de la empresa Estancia El Carmen, dirigida por su hijo.

Aunque el juez de instrucción formal de 4 º Nominación, Antonio Pastrana, tendrá que investigar su actuación en la venta que el Estado Provincial hizo de La Ciénaga y en las sucesivas que concluyeron en 2009, Romero tendrá la posibilidad de abstenerse de declarar durante toda la instrucción.

Abogados consultados por Nuevo Diario sobre los alcances de los fueros del senador, aseguraron que, según el Código de Procedimientos, formará parte de la instrucción sumaria del caso la declaración que realice "voluntariamente" el legislador imputado, en forma personal o por escrito.

De esa forma, el senador será el único de los imputados que tendrá la posibilidad de evitar la indagatoria del juez. Además del legislador, están imputados su hijo, Juan Esteban, el entonces presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rubén Fortuny, el ex secretario de de Ingresos Públicas, Carlos Abeleira, y el ex director de Inmuebles, Lucas Amado.

Romero, sin embargo, tendría la posibilidad de despojarse voluntariamente de sus fueros para ponerse a disposición de las indagatorias que pueda decidir el juez.

De todos modos, Pastrana tendrá que investigarlo para poder llegar a la certeza de que tiene, o no, que dictar el auto de procesamiento.

En el primer caso, dijeron los profesionales consultados, el magistrado debería pedir el desafuero a la Cámara de Senadores que, sin embargo, puede rechazarlo.

Tras doce años como gobernador, Romero obtuvo en las elecciones de octubre 2007 una banca como senador nacional, en una boleta que compartía con Rubén Fortuny, entonces candidato a diputado nacional por el justicialismo.

Para la fiscal María Inés Loyola, las 90 hectáreas de La Ciénaga que el Estado había adquirido con el objetivo de utilizarlas en el programa social Familia Propietaria, salieron "del patrimonio del estado con destino al patrimonio de la familia del ex gobernador, quien ejecutó el acto de peculado simulándolo a través de una cadena de adquirentes que terminó en Estancia El Carmen".

Entre la "cadena de adquirentes" figura la escribana Cecilia Pérez de la Fuente, una profesional que formó al menos dos empresas inmobiliarias que adquirió inmuebles relacionados con el propio Romero y que actuó también como profesional en varias operaciones del grupo.

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