Entre febrero y marzo fueron cerrados por orden municipal ocho prostíbulos que funcionaban en Paraná. El motivo fue que en estos locales había explotación sexual, lo que representa un delito. Hasta ese momento, estos espacios estaban inscriptos bajo figuras comerciales permitidas que ocultaban lo que allí ocurría de hecho. Aunque la explotación era de público conocimiento, la vista gorda permitía su funcionamiento.

Transcurrido varios meses de la medida, EL DIARIO dialogó con la directora municipal de la Mujer, Cristina Melgarejo, y con la integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Claudia Carranza, para conocer y evaluar el desarrollo de las propuestas oficiales y la situación de las mujeres. La motivación está dada en que si bien está justificado el cierre de los ámbitos de explotación, están quienes creen que la clandestinidad y la vulnerabilidad se potencian.

Según informó Melgarejo, en cada uno de los prostíbulos había un promedio de entre 15 y 20 mujeres. O sea, que son entre 120 y 160 mujeres las que debieron rever el modo de sostenerse a sí mismas y, en muchos casos, a sus hijos. Para las que siguieron en el rubro quedó la calle u otras ciudades; también se constató la reapertura soterrada de los mismos locales que habían sido clausurados.

Carranza dijo al respecto que las mujeres “dejaron de trabajar en los prostíbulos para pasar a espacios más ocultos Esto es más peligroso porque se invisibiliza la situación. Algunas fueron a la calle donde también hay explotación”.

Como alternativa, la comuna propuso una serie de capacitaciones y la posibilidad de conformar cooperativas para que las mujeres obtengan sus recursos económicos a través de otra fuente que no sea la prostitución.

Al respecto, Melgarejo, dijo que “hay 90 cursos para elegir. Hubo alrededor de 50 mujeres inscriptas. Algunas con proyectos de hacer una cooperativa. A lo que se apunta es a que puedan realizar una actividad laboral. Mientras tanto, buscamos implementar un programa que contemple un subsidio especial porque el problema es cómo equiparamos lo que ellas obtenían”. Este mes estarían en condiciones de empezar con subsidios contemplan montos superiores a los 250 pesos que son los que hoy se pagan. “Somos concientes que con esto ellas no van a poder salir de la calle pero, por lo menos, queremos que empiecen por trabajar menos horas. Después veremos si pueden armar los microemprendimientos” manifestó la funcionaria local.

Con respecto a las capacitaciones y las cooperativas, Carranza sostuvo que “nos parece fantástico que se empiecen a abrir las puertas para las trabajadoras sexuales. Ahora bien, no todas las que están ejerciendo van a hacer las capacitaciones. Por eso, también tiene que haber una política para las que quieran seguir trabajando. Tienen que tener garantías y derechos para que el trabajo se realice en las mejores condiciones”.

PROPUESTA. A diferencia de la postura de la Dirección de la Mujer y de muchas agrupaciones feministas, Ammar considera que la prostitución es un trabajo. Por eso, desde la organización proponen regular la actividad y que los cabarets o whiskerías funcionen como tal, es decir, sin que se ejerza la prostitución dentro de los locales. Según su criterio allí tiene que “intervenir el Ministerio de Trabajo para controlar que las coperas, meseras, bailarinas, streapers estén registradas. En todo caso, las mujeres acordarán con los clientes una tarifa por el servicio que prestan de manera independiente y fuera del local”.

COOPERATIVAS. Hasta ahora ningún emprendimiento cooperativo se ha formalizado. Todavía están en la etapa de las entrevistas. Para el futuro mediato “están estipulados programas que darían hasta 15 mil pesos por persona. Si se van cumpliendo las etapas no tendrían que devolver el dinero. Se las asesorará en la elaboración del proyecto y se las monitoreará para que puedan cumplir todos los pasos” dijo Melgarejo.

DENUNCIAS. A pesar de que el motivo del cierre de los burdeles era la explotación sexual, no hubo denuncias penales o investigaciones que concluyeran en el procesamiento de quienes regenteaban esos sitios.

En cuanto a casos de trata, Melgarejo informó que en junio se presentó una denuncia en la Fiscalía Federal a cargo de Mario Silva sobre una mujer que supuestamente era víctima de trata en un prostíbulo. Los denunciantes no tienen contacto con la víctima.

PERSPECTIVAS. En cuanto a las perspectivas de las meretrices, Melgarejo afirmó que luego del cierre “hablamos de las posibilidades que tenían de inclusión laboral. Ninguna de las mujeres con que pudimos hablar refirió que haga esto porque le guste. Es el Estado el que ha fallado porque no les ha dado otra posibilidad. Por supuesto, que consideramos que no es un trabajo. Pensamos que el cliente es el prostituyente”.

PROYECTOS. Melgarejo contó que están impulsando un proyecto de ley provincial para que los prostíbulos que se cierran en Paraná no se trasladen a las localidades aledañas. Aquí se abre el interrogante sobre la necesidad de legislar normativas complementarias para que se aplique una ley vigente.

Por otra parte, desde Ammar anunciaron que el mes que viene van a organizar mesas de debate y volanteadas porque quieren promover la reforma de la ley para ser reconocidas como trabajadoras sexuales.

Reflexiones

“La sociedad se debe el debate público sobre la función que cumplimos las trabajadoras sexuales en la sociedad. Este trabajo tiene que ver con una demanda social. A raíz de esto, surgió la necesidad de reglamentar estas cuestiones para que haya mejores condiciones de trabajo y en la calidad de vida. Lo que nos falta son los derechos laborales como jubilación y obra social. Tampoco tenemos garantías legales para denunciar la trata o la explotación porque la compañera que la hace tiene que volver a trabajar.” sostuvo Carranza. La dirigente agregó que luego de un acuerdo con el Ministerio de Justicia de la Nación las denuncias las van a poder hacer con la personería jurídica de Ammar.

Acto simbólico

Al poco tiempo de las clausuras, la Dirección de la Mujer se mudó donde antes funcionaba uno de los prostíbulos más conocidos de la ciudad en Avenida Almafuerte 14. En la actualidad, en esas oficinas también tiene lugar el Consejo Municipal de la Mujer en el que participan organismos e instituciones que se ocupan de cuestiones de género. En relación a este espacio, Carranza cree “que son los espacios que tienen que funcionar para visibilizar que las trabajadoras sexuales somos sostén de familia y que no todas estamos sometidas, inducidas o explotadas y que hay un grupo de compañeras que trabaja autónomamente y que quiere una mejor calidad de vida y mejores condiciones en su trabajo”.