Assone consideró un “mamarracho jurídico” la aprobación de la ordenanza que en 2009 permitió la habilitación de 5 cabarets en la ciudad y citando textualmente un oficio de la Fiscalía del 29 de junio pasado, reveló que “existen numerosos informes e investigaciones reservadas en estas actuaciones de la Delegación General Pico de la PFA e informes socio ambientales de la Policía de La Pampa que dan cuenta de la presencia de “alternadoras” en el lugar” y del ejercicio de la prostitución en estos establecimientos”.

Es evidente que existía “pleno conocimiento por parte de las autoridades municipales y por consiguiente del bloque oficialista de que se estaban cometiendo infracciones graves en estos locales” señaló Assone.

“Se tomó la decisión política de no hacer nada, algo que ya es un lugar común de la actual administración del ingeniero Jorge Tebes”, criticó.

Assone recordó que en julio de 2.011, “el intendente recibió un informe de la policía pampeana en que se le informaba expresamente lo que estaba ocurriendo en un sitio donde se ejercía la prostitución, dando detalles exactos del lugar, advirtiéndole que el citado local directamente no poseía habilitación comercial alguna, lo que obligó al intendente a mandar a clausurarlo”.

La edil kirchnerista repasó lo ocurrido desde 2011 y el dictamen del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, “que señala que en General Pico las ordenanzas son una fachada porque la verdadera situación es que se está permitiendo el ejercicio de la prostitución e instruye a la fiscalía federal de Santa Rosa para que actúe”.

“Con todos estos antecedentes que demostraban la falta de voluntad política para proceder al cierre de locales en los que se estaba violando abiertamente la legislación nacional y las resoluciones del Ministerio Público de la Nación y con la apremiante necesidad de poner freno a cualquier situación que pudiera propiciar la trata de personas, el ejecutivo municipal volvió a pedir que el Concejo suspenda las habilitaciones en abril de este año lo que motivó el voto negativo de Nuevo Encuentro, en vista de los antecedentes del tema”.

“Hasta que hace apenas un mes el oficialismo decide sospechosamente que ya no puede seguir lavándose las manos y aprueba con bombos y platillos el cierre de los cabarets.”

“Así llegamos a la actual situación. Y antes de que se cumplieran los 60 días para que se procediera al cierre definitivo de los locales, la Justicia Federal tomó intervención una vez más e informó al señor intendente lo que ocurría en la ciudad que gobierna y le solicitó la clausura, señalándole textualmente que “frente a la posible comisión de este o cualquier tipo de delitos no es posible dar paso a la ingenuidad o la tibieza”.

“Al finalizar el escrito, el fiscal Juan José Baric le recuerda al señor intendente una frase de Vélez Sarsfield cuando dijo que “sería un deshonor de la ley que los funcionarios cerrasen sus ojos ante una conducta delictiva y permitiera que esta triunfara”.

“Aquí hay una clara responsabilidad política del oficialismo, porque sabiendo lo que ocurría en esos locales habilitados y supuestamente controlados por el municipio no hizo nada para remediarlo. Y sabían perfectamente lo que ocurría porque habían sido advertidos por otras jurisdicciones provinciales y federales desde hace tiempo, pero aún así dejaron que fueran esas instituciones las que resolvieran esta grave situación”, concluyó la edil.