La denuncia había sido presentada por Juan Ricardo Mussa, quien afirmó haber visto la publicación del llamado a licitación y haber efectuado llamadas a compañías petroleras que le informaron que el precio de mercado del gasoil era menor al que se iba a pagar.

"Más allá de tachar de poco seria e irresponsable la actitud del denunciante, quien dice haber comprado el pliego de la licitación el día 2 de noviembre de 2009, adviértase que la apertura de las ofertas se llevó a cabo el 16 de noviembre de ese año- y con solo llamados telefónicos incomprobables a distintas petroleras, efectúa un ilógico razonamiento del costo que debió tener la adquisición del combustible", advirtió Bonadío. Mussa terminó "denunciando así una serie de ilícitos y logrando poner en marcha todo el aparato judicial", agregó.

El denunciante había solicitado investigar la "posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo".

La licitación se había abierto para la compra de 800.000 litros de gasoil y según Mussa iba a pagarse por encima del valor de plaza.

Bonadío detalló en su resolución los informes de todas las petroleras a las que se requirió cotización y concluyó que no existió ese sobreprecio, al archivar la denuncia.