Las sugerencias fueron presentadas en un documento que el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, presentó formalmente al Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura provincial y el gobernador Martín Buzzi, quien en sus épocas de intendente comodorense ya se había manifestado a favor de alguna de estas medidas, como la instauración del juicio por jurados y la elección popular de jueces y fiscales, por lo que es de esperar que el escrito tenga eco en el Ejecutivo provincial.

Si bien no se trata de un proyecto formal de reforma del Poder Judicial, el Fiscal de Estado destaca que se trata de “ideas” sobre la democratización de la justicia en Chubut y enuncia cuatro propuestas básicas, de rápida aplicación y sin costo, que –subraya- además ponen en valor mandas constitucionales de la Nación, que habilitan y promueven la participación popular directa, sin intermediarios y con muy escasas limitaciones formales, y que se complementan con la letra y el espíritu de la Constitución Provincial.

También enfatiza que la intervención popular no sólo es necesaria en la designación de las “cabezas” políticas del Poder Judicial y en las decisiones más dramáticas de la organización de la justicia penal, sino que necesariamente deberán extenderse también a todos los fueros y estamentos judiciales.

“Se hace imperativo abandonar la justicia de gabinete e instalar salas de audiencias en toda la provincia, de acceso sencillo a los ciudadanos de a pie, como proclama la ‘Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Provincia de Chubut ante la Justicia’ (Ley Provincial V–N° 108), donde se ventilen públicamente los asuntos que interesan a la comunidad y a los ciudadanos en particular. Sólo emprendiendo este camino podremos decir, con León Felipe, que ‘lo importante no es llegar ni solos ni pronto, sino con todos y a tiempo’”, subraya el escrito cuya presentación fue formalizada el último miércoles ante los tres poderes del Estado provincial.

Reformas sugeridas

Además del juicio por jurados y la conformación de una junta de gobierno judicial, una de las reformas planteadas por Meza Evans alude a la “autolimitación del Poder Ejecutivo Provincial para la elección de candidatos a las magistraturas de elección política del Poder Judicial”.

Citando el precedente nacional de 2004 con el decreto de autolimitación de facultades de Néstor Kirchner y la posterior participación popular en audiencias públicas para la designación de los jueces de la Suprema Corte, y al señalar una consecuente mejora en la imagen, prestigio y autoridad del organismo, se sugiere trasladar el modelo a la provincia.

En Chubut, los ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Defensor General y el Procurador General son elegidos actualmente a sola propuesta del gobernador, con acuerdo de la Legislatura que requiere una mayoría calificada. El fiscal considera que tal forma de selección respeta la Constitución provincial, pero no otorga el “plus de legitimidad” que sin dudas le daría la participación popular, por lo que recuerda que existe desde hace más de cinco años una propuesta en tal sentido y que se trata de una reforma que sólo depende de un decreto del Ejecutivo, autolimitando sus facultades de selección de Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Procurador y Defensor General, exponiendo a los futuros candidatos al escrutinio público, tal como lo ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional.

Los cargos políticos

Otro eje de modificaciones propuesto es la confirmación trianual de los magistrados de elección política del Poder Judicial. Se trata de un ejercicio que el Consejo de la Magistratura ya aplica sobre los magistrados y funcionarios ingresantes al Poder Judicial.

“El sistema ha funcionado más que bien en la generalidad de los casos y los funcionarios y magistrados judiciales cuya estabilidad pende de esta evaluación no han manifestado jamás que ello importe mengua para su independencia. De hecho sólo soy capaz de recordar un caso de evaluación insatisfactoria que terminó con la destitución del evaluado” cita el escrito, recomendando la extensión de tal evaluación a los futuros ministros del Superior Tribunal y a las “cabezas” políticas del Ministerio Público.

El fiscal advierte que la Constitución Provincial dispone que los ministros del Superior Tribunal de Justicia, los demás magistrados judiciales, el Procurador General, el Defensor General, los fiscales y los defensores son “inamovibles”, mientras dure su aptitud y buena conducta, y que sólo pueden ser removidos por mal desempeño o desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y la comisión de delitos dolosos.

Agrega que mientras los ministros del Superior Tribunal, el Procurador General y el Defensor General están sujetos a juicio político, los demás jueces, los fiscales y los defensores penden de Tribunal de Enjuiciamiento, y sugiere entonces que la evaluación técnica que desde hace más de 17 años concreta el Consejo de la Magistratura, se adjudique también a los magistrado aludidos.