El informe puntualizó, en base a cifras oficiales, que la cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, o sea, aproximadamente 25 por ciento del total de empleados rurales. “Los trabajadores rurales que acceden a la cobertura de la seguridad social y, por lo tanto, serían los beneficiarios directos del régimen especial, constituyen una minoría. De cada 4 trabajadores, 3 van a quedar excluidos porque trabajan ‘en negro’ u, ocasionalmente, son cuentapropistas con aportes intermitentes”, agregó la entidad.

A su vez, remarcó que, según datos de la AFIP, los 335 mil trabajadores en blanco reciben una remuneración promedio de 2.500 pesos mensuales, un nivel que “casi duplica la que percibe un trabajador 'en negro' urbano, y seguramente también es mucho más alta que los ingresos que reciben la mayoría de los trabajadores informales rurales”.

En tanto, Idesa criticó el proyecto que fija un régimen previsional especial al señalar que “se trata de una iniciativa de dudosa eficacia social dada la masiva informalidad que prevalece en ese segmento del mercado laboral”.

Asimismo, consideró “muy preocupante que se sigan sancionando normas que aumentan las promesas a futuro cuando los incumplimientos presentes de la Anses están generando cientos de miles de juicios previsionales”.

“El proyecto de ley intenta atender la realidad de que su eficacia es muy baja debido a la masiva informalidad en el sector rural. Para ello, establece una moratoria previsional permanente, a través del cual se propone eximir de la obligación de realizar aportes para acceder a la jubilación especial a las personas que declaren haber realizados trabajos rurales en negro. La idea implica asumir con resignación la masiva informalidad laboral y agrega un nuevo nicho para la corrupción y el negocio de los gestores”, evaluó.

A su criterio, “prometer beneficios previsionales de manera improvisada constituye un acto de demagogia y un irresponsable aumento de la deuda publica no registrada”.

Además, alertó que “agrega combustible a la explosiva masificación de juicios que enfrenta la Anses por incumplimiento de las normas previsionales”.